FACUA ha denunciado a Vodafone ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones por la subida de tarifas que va a aplicar el próximo 18 de abril a todos sus clientes de móvil, fijo y otras ofertas. El aumento de precio será de entre 2 y 3 euros "con la excusa de una mejora en la calidad de los servicios, sin dar a los usuarios la posibilidad de mantener las condiciones contratadas", según señalan desde la organización de consumidores.

En sus denuncias, FACUA advierte de dos hechos sobre la ilegalidad de este incremento de precios. Por un lado, que "Vodafone no ha comunicado la subida a todos los usuarios con el mes de antelación que marca la normativa de telecomunicaciones" y, por tanto, "la subida es ilegal para cualquier cliente a la que se le aplique sin enviarle con un mes de antelación la comunicación de que se va a producir". Además, explican que los clientes "tiene derecho a darse de baja si no está de acuerdo con este incremento".

Por otro lado, FACUA señala "la ilegalidad de que los usuarios con compromisos de permanencia vigentes sufran incrementos en los precios, ya que estos deben mantenerse hasta la finalización" del tiempo marcado en sus contratos, que vinculan no solo al cliente, si no también a la empresa de telefonía móvil. Los clientes "pueden reclamar que hasta que finalice su vigencia se les mantengan las tarifas o que Vodafone les abone una compensación económica equivalente a la penalización que establecen estos contratos cuando se produce un incumplimiento".

Es previsible que Vodafone se niegue a asumir sus obligaciones legales, como sañalan desde FACUA, por lo que la organización recomienda a los usuarios afectados que "presenten denuncias ante las autoridades de protección al consumidor de sus comunidades autónomas, en las que soliciten la apertura de un expediente sancionador a la compañía".

También señalan que aquellos clientes que no hayan sido avisados con un mes de antelación de esta subida de precios y quienes tengan contratos de permanencia, "pueden interponer a título individual una demanda judicial en el juzgado correspondiente a la localidad del usuario". Esta demanda puede hacerse a través de un "prodecimiento verbal" por incumplir las condiciones contratadas por el usuario y no son necesarios ni abogado ni procurados.

En el caso de que el cliente con permanencia quiera mantener su contrato con la compañía, "puede reclamar en los tribunales el mantenimiento de la tarifa ofertada hasta que finalice el periodo de establecido en el contrato y la devolución de lo cobrado de más". En caso contrario, si se da de baja, " puede exigir que la compañía le abone como compensación la cantidad que establece el contrato de permanencia como penalización cuando se incumplen sus condiciones".

La alternativa a los tribunales es a través de un "arbitraje de consumo frente a la empresa" ante la Junta Arbitral de Consumo. "El arbitraje de consumo implica que un Colegio arbitral, compuesto por un funcionario de la Administración de consumo o por tres personas neutrales -un funcionario, un representante de las asociaciones de consumidores y uno de las asociaciones de empresarios-, deciden sobre la reclamación presentada por el usuario y su petición, pudiendo aportar todas las pruebas y argumentaciones que se consideren oportunas. La resolución que adopte el Colegio Arbitral, denominada laudo, es de obligado cumplimiento para ambas partes e impediría acudir en un momento posterior a la vía judicial" señalan desde FACUA.