Más de dos meses después de que se constituyese el Senado, la asistencia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, senadora del PP por designación autonómica, al pleno de este martes de la Cámara Alta se ha convertido en noticia. La razón es su persistente ausencia desde que tomó posesión de su cargo, el pasado 13 de enero.

Aparte de entonces, Barberá, en el punto de mira tras el estallido del escándalo de la Operación Taula y después de que todo su equipo fuera detenido por presunta corrupción, solo ha acudido al Senado una vez, la semana pasada, para organizar su despacho. La segunda ha sido este martes para participar en el primer pleno ordinario de la Cámara,  al que ha asistido " con toda normalidad", según ha dicho ella misma en rueda de prensa. Horas antes, este lunes, el juez instructor del caso Taula levantaba parte del sumario, imputó al PP valenciano por blanqueo de capitales e inició los trámites para pedir al Tribunal Supremo, a quien correspondería juzgarla debido a su aforamiento, que impute a la exregidora valenciana.

En ese tiempo la actividad parlamentaria de la Cámara Alta ha sido reducida debido a la existencia de un Gobierno en funciones, pero sí ha habido reuniones importantes de las que Barberá se ha ausentado. No estuvo presente cuando se constituyeron las Comisiones, ni asistió a la primera sesión de las dos comisiones del Senado en las que ocupa el cargo de vocal por el PP, la Comisión Constitucional —en la que inicialmente estaba propuesta para ocupar la Presidencia— y la Comisión de Economía y Competitividad. En ambos casos, fue sustituida por otros senadores de su partido.

Tampoco asistió al encuentro de Rajoy con los senadores del Grupo Popular, ni a la reunión que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, organizó con los senadores y diputados valencianos para crear un frente común que defienda la financiación necesaria para la Comunitat. "En estas condiciones, es más prudente no ir al Senado", dijo el pasado 10 de febrero, antes de su primera rueda prensa, en la que, como este martes, dejó bien claro que no piensa dimitir y renunciar a su acta de senadora porque considera que ella no ha hecho "nada".

Pero prudente o no, la exalcaldesa de Valencia, que dice que aprovechará la oportunidad que la ha brindado el juez para declarar voluntariamente, no ha dejado de cobrar su sueldo como senadora, que en su caso asciende a 4.636 euros al mes. 2.813,91 euros al mes son los que cobra por su asignación constitucional, identica para todos los senadores, y 1.822,38 euros es lo que recibe en concepto de indemnización por pertenecer a una circunscripción distinta a la de Madrid. Esta última cantidad está destinada a cubrir gastos, y por tanto está exenta de tributación. A ello hay que añadir un plus de transporte y una tarjeta taxi, que dispone de 3.000 euros para repartir a lo largo de un año. Los viajes oficiales, de haberlos, son aparte. En consecuencia, en estos dos meses de ausencia, por tanto, ha ingresado más de 9.000 euros.

"Se me ha acusado de absentismo cuando no ha habido actividad parlamentaria en el Senado. No ha habido absentismo", ha dicho Barberá en su defensa antes de acudir al primer pleno del Senado. Sin embargo, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha comentado ante las ausencias de Barberá anteriormente citadas que, salvo causa justificada, la senadora popular tendría que desempeñar sus funciones.

Pero, ¿puede un senador ser sancionado por no asistir a su puesto de trabajo? El reglamento de la Cámara Alta establece que en su artículo 23.2 que "el senador que reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o más meses, a propuesta de la Presidencia y por acuerdo de la Cámara tomado en sesión secreta". Sin embargo, es algo que nunca se ha producido en la democracia española.

Fuentes del Senado explican que son los distintos grupos parlamentarios quienes controlan la asistencia de sus senadores, y que cada uno de ellos tiene su propio régimen disciplinario. PSOE y PP, por ejemplo, contemplan incluso la imposición de multas económicas en caso de faltas graves sin justificación, pero otros, como Podemos, que acaban de aterrizar en la Cámara, aún no tienen desarrollado un reglamento interno. "No tenemos previsto que la gente falte", aseguran desde el grupo parlamentario.

Barberá, de momento, a la espera de saber si acaba oficialmente imputada (actualmente se denomina investigada) por el Tribunal Supremo, continua aferrada a su acta parlamentaria. Dice que nadie le ha pedido que la entregue. Y aunque lo hicieran, es una decisión que solo depende de ella, no está en manos de su partido. Este, por otro lado, tras el estallido del caso Taula decidió que la exalcaldesa no presidiera la Comisión Constitucional, como estaba previsto (con lo queperidó un plus de 1.431 euros), pero dejó que continuase como suplente de la Diputación Permanente. De esta manera no solo sigue aforada, sino que si se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones seguirá siéndolo y, además, continuará cobrando su nómina.