Miles de mineros protestaron este fin de semana en la provincia nororiental china de Heilongjiang por los planes de su empresa, la estatal Longmay -mayor firma hullera del noreste del país-, de despedir a más de 100.000 empleados.

Según informó el diario 'South China Morning Post', la protesta, una de las primeras que se producen tras el anuncio oficial de que habría duros procesos de reconversión en los sectores minero y siderúrgico, fue dispersada el sábado por unidades de la policía armada en la localidad de Shuangyashan.

Según vídeos de la protesta difundidos en internet, los manifestantes corearon consignas contra los líderes provinciales y mostraron pancartas en las que podía leerse "queremos vivir, queremos comer", reivindicando principalmente el pago de salarios atrasados.

El mismo día de las protestas el gobernador de la provincia de Heilongjiang (fronteriza con Rusia y Corea del Norte), Lu Hao, reconoció por primera vez retrasos en el pago de salarios a los trabajadores, ordenó que la situación sea subsanada y prometió apoyo financiero a Longmay.

En días anteriores Lu, quien se encuentra en Pekín debido al plenario anual del Legislativo chino, había afirmado a la prensa que Longmay no le debía a sus mineros "ni un centavo", algo que podría haber desatado las protestas y ha forzado al gobernador a corregir sus declaraciones.

La firma, con 248.000 trabajadores y cuyas cuentas están en números rojos desde 2012, es uno de los mayores ejemplos de empresas estatales de industrias obsoletas que según el Gobierno deben asumir una dolorosa reestructuración, en el contexto de una economía china en ralentización, que en 2015 tuvo su menor crecimiento en 25 años.

Pekín teme que la masiva pérdida de empleos en sectores como el minero o el siderúrgico, que se calcula podría afectar a hasta 1,8 millones de trabajadores, genere conflictividad laboral e inestabilidad social, por lo que busca estos días, en el plenario anual del Legislativo chino, medidas para paliar esta coyuntura.

Dentro de estos planes está el establecimiento de un fondo de 100.000 millones de yuanes (15.400 millones de dólares, 13.800 millones de euros) con el que Pekín ha prometido asistir a los empleados que pierdan sus empleos en esta masiva reconversión industrial.

El noreste de China, centro de la industria pesada desde los tiempos del maoísmo, ya vivió procesos de cierre de muchas firmas obsoletas en la pasada década, con decenas de miles de despidos y numerosas protestas obreras.