El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, deberá declarar en la llamada 'operación Pulpo' como presunto autor de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y otro continuado de malversación de caudales públicos.

La declaración tendrá lugar el próximo día 11 de mayo, a las 10.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Las actuaciones de esta causa se iniciaron el 11 de junio de 2013 y se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa 'KM0' que denunciaron unas trabajadoras, que igualmente interpusieron denuncia por acoso contra el jefe del servicio de Protocolo.

Se investigan también presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus, así como la concesión supuestamente fraudulenta de subvenciones.

Otro de los puntos objeto de investigación judicial es el pago por parte de la Diputación, con inclusión en los denominados "gastos sociales", de cantidades de cuantioso importe, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que confía en que el PSOE "cumpla con lo acordado" y no designe como candidato para las elecciones gallegas al expresidente de la diputación provincial de Lugo, Jose Luis Gómez Besteiro, si sigue siendo investigado por corrupción.

En un comunicado, indica que tanto el resto de partidos como el PSOE "deben cumplir sus compromisos de apartar de las listas electorales a personas investigadas por delitos de corrupción política".

Besteiro deberá declarar el 11 de mayo en la llamada operación Pulpo como presunto autor de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y otro continuado de malversación de caudales públicos.

Villegas destaca que "la lucha contra la corrupción debe de ser una prioridad en todos los partidos en esta nueva etapa política" para "recuperar la confianza de los ciudadanos españoles".

Añade que en las comunidades autónomas en las que Ciudadanos "tiene capacidad para decidir" lo ha hecho y ha apartado de sus funciones a los imputados por corrupción.