El PP recurrirá la proposición de ley aprobada este jueves en la Asamblea Regional para el funcionamiento pleno del Hospital del Rosell como hospital general. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha anunciado la intención de su grupo de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otro ante la justicia Contencioso-Administrativa en el caso del incumplimiento de un artículo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

El popular ha explicado que la aprobación de dicha proposición de ley "es una ilegalidad", pues incumple cuatro leyes regionales, parlamentarias y nacionales. Martínez alude a la vulneración del artículo 120.2 que obliga a la Asamblea Regional a realizar consultas al Gobierno regional. El popular insiste en que dicha consulta no se ha realizado y que el Gobierno regional la solicitó, pero que esta fue rechazada por la Mesa del parlamento regional "por suponer un gasto presupuestario desmesurado e inaplicable la ley que hoy se ha aprobado". Martínez advierte que a través de esta proposición de ley, la oposición "ha engañado a los ciudadanos para obtener réditos electorales".

Desde el PP también aseguran que la normativa aplicada incumple la ley de Estabilidad Presupuestaria. "Su aprobación conllevaría un gasto de más de 50 millones de euros que no está presupuestado", ha indicado al tiempo que ha criticado que cuando los grupos de la oposición tuvieron la oportunidad de presupuestar la puesta en funcionamiento del hospital, "no lo presupuestaron".

Además, ven que se incumple la ley de Buen Gobierno en el artículo que obliga a las Administraciones a no gastar más de lo que ingresan. "Una ley de Buen Gobierno nacional que es de aplicación en la Comunidad Autónoma al no tener normativa regional", ha aclarado.

Por último, consideran que se incumple otro artículo de la Constitución que hace referencia a que toda proposición a enmiendas que suponga un aumento de crédito o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.

En este sentido, aseguran que tanto el Grupo Parlamentario Popular, el PP regional y el Gobierno autonómico requerirá la aprobación de esta ley para que la aprobación de la normativa "no se lleve a término; para que el Rosell funcione hay que dejarlo en manos de quienes saben".