El texto de la futura Ley de Cambio Climático de Andalucía, que pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos de este fenómeno global y que marca un compromiso de emisión a través de un presupuesto de carbono repartido por áreas estratégicas de mitigación, transporte, agricultura, residuo, edificación y vivienda y emisiones industriales difusas, se encuentra listo, a falta de un informe jurídico, para su traslado a Consejo de Gobierno.

Cuestionado por Europa Press, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha precisado que, de hecho, la norma pasaría antes por la comisión de viceconsejeros. "Esperemos que este trámite dure poco: si no en el primer trimestre, estará poco después, pero en cualquier caso se sigue trabajando", ha precisado Fiscal.

La Junta destaca el carácter "pionero" de la iniciativa para minimizar los efectos del cambio global. Esta ley contempla un Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales, así como la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado, que posibilitará la opción de compensar las emisiones a través de proyectos de forestación, reforestación y conservación.

Para combatir los efectos del cambio climático hay que desarrollar, por una parte, políticas de mitigación que permitan disminuir las emisiones de efecto invernadero y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera; y por otro, aplicar políticas de adaptación, con el fin de minimizar las consecuencias negativas de este fenómeno global en todo el territorio andaluz, una de las zonas más vulnerables de Europa.

Como medidas que ha desarrollado la Junta para lograr estos objetivos destacan la concesión de ayudas para la transformación de la energía en procesos industriales, unos incentivos que han superado en el periodo 2008-2012 los 200 millones de euros; los tratamientos de restauración en áreas con un grado muy alto de desertificación; el fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera, mediante el impulso del ahorro energético y las energías renovables en la industria agroalimentaria; la mejora del transporte público y el fomento de la movilidad no motorizada y la intermodalidad; los programas de seguimiento de la flora y fauna; y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Respecto a las políticas hidráulicas, sobresale también la elaboración de planes para la amortiguación de fenómenos extremos como la sequía o las avenidas e inundaciones, mientras que en tratamiento de los residuos destacan las acciones destinadas al aprovechamiento del biogás de vertedero, la recuperación de materiales o la valorización energética. A todo ello hay que sumar las campañas de educación ambiental dirigidas a todo tipo de público para concienciar sobre los efectos del cambio climático y promover conductas respetuosas con el medio ambiente.