Un estudio científico de BirdLife International ha sacado a la luz una dramática realidad: la muerte o captura de manera ilegal cada año de 25 millones de aves en la cuenca mediterránea, de las cuales ocho millones sucumben en 20 localidades muy concretas.

El trabajo,Valoración preliminar del enfoque y escala de la matanza y la captura ilegal de aves en el Mediterráneo, ha sido publicado en la revista científica Bird Conservation International, y ha contado con la colaboración de un elenco de expertos pertenecientes a diversos países y organizaciones de BirdLife, entre ellas SEO/BirdLife.

El estudio muestra un análisis detallado del número de ejemplares y de especies de aves afectadas, la localización de los 20 puntos negros donde se realizan estas prácticas ilegales y los motivos que llevan a los delincuentes e infractores a perseguir especies concretas en cada país.

Basándose en este estudio científico, BirdLife publicó en agosto de 2015 un informe disponible en la revista The Killing. "Nos quedamos impactados al descubrir que 25 millones de ejemplares de 450 especies se estima que son masacrados o capturados de manera ilegal en la región mediterránea cada año, principalmente por motivos gastronómicos (por considerarse un manjar o para vender como alimento gourmet), pero también por deporte, para enjaular o como señuelos de caza", explica Anne-Laure Brochet, coordinadora del estudio.

"Hay que destacar que ocho millones de éstas aves se matan o capturan en tan solo 20 localidades, y dada la dificultad de prospectar todas las actividades ilegales, se podría estimar que el total podría incluso ascender hasta los once millones", recalca.

Estas 20 áreas se localizan en solo cuatro países: Chipre, Egipto, Líbano y Siria. Destaca la región de Famagusta en Chipre, donde entre 400.000 y un millón de individuos se cazan o se sustraen ilegalmente cada año; y la zona de El Manzala, en Egipto, donde entre 30.000 y 1,1 millón de individuos se cazan o capturan de forma ilegal, cada año, con variaciones dependiendo de la temporada.

Por países, las mayores estimas de aves cazadas o capturadas en le región mediterránea se han localizado en Italia (3-8 millones), Egipto (300.000-11 millones) y Siria (3-5 millones).

En el caso de España, según el estudio, se estiman entre 103.000 y 405.000 los ejemplares muertos o capturados de manera ilegal cada año. Mientras que la mayor densidad de aves cazadas/capturadas ilegalmente se produjo en Malta (18-667 aves al año por kilómetro cuadrado), Chipre (146-351 aves/km2) y Líbano (161-335 aves/km2).

A pesar del impacto positivo que la puesta en marcha de la legislación de la Unión Europea en muchos de los recientes Estados miembros, con una cierta reducción de las cifras de aves muertas ilegalmente, según BirdLife, existe una manifiesta necesidad de realizar un mayor esfuerzo por asegurar que la Directiva de Aves se implemente completamente en cada Estado y se cumple de manera efectiva.

Las aves más afectadas por estas prácticas ilegales incluyen a la curruca capirotada (1,2-2,4 millones de ejemplares al año), la tórtola europea (300.000-900.000 ejemplares al año) y al zorzal común (700.000-1,8 millones), entre muchas otras.

Los datos han sido recopilados por las organizaciones que integran BirdLife International en los países ribereños del Mediterráneo, entre ellas SEO/BirdLife que aportó los datos de España, usando una gran variedad de fuentes, que incluyen registros de seguimiento de especies, archivos policiales, publicaciones, informes, opiniones de expertos y los valiosísimos datos aportados por un gran número de centros de recuperación de fauna de todo el Estado, tanto públicos como privados.

En muchos casos, los cálculos se extrapolaron de las cifras que se obtuvieron a partir de los datos del número de ejemplares que ingresaban en los centros de recuperación a causa de métodos ilegales de caza o captura de aves, como redes ilegales de captura, disparos, ligas o pegamentos, cepos, trampas, lazos, etc.

El estudio demuestra que la matanza y captura ilegal de aves es un grave y complejo problema de conservación para la avifauna de estos países, practicada con métodos específicos para capturar a estas especies, muy especialmente centrados en un grupo de especies concretas que son el objetivo principal de estas prácticas, aunque colateralmente afectan a muchas otras, y con motivaciones que varían según los países.

Por ello, para abordar esta cuestión se requiere una acción a nivel local, regional, nacional e internacional que involucre a las fuerzas del orden, fiscalías, asociaciones de cazadores, autoridades gubernamentales nacionales, las ONG y los instrumentos políticos internacionales.

En este sentido, recientemente se han desarrollado planes de acción nacionales para atajar la matanza y captura ilegal de aves en países interesados como Egipto, Libia y Chipre, con el objetivo de reforzar la legislación y su aplicación, mejorar el seguimiento y apoyar los esfuerzos de conservación sobre especies concretas.

"El estudio de BirdLife International, en el que ha participado SEO/BirdLife aportando los datos del Estado español, es el primero en aglutinar estimas cuantitativas detalladas del problema en el Mediterráneo. Y la identificación de los puntos negros ayudará a priorizar los esfuerzos sobre el terreno para atajar este grave problema que está poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de especies de aves", afirma Nicolás López-Jiménez, responsable de especies amenazadas de SEO/BirdLife.

SEO/BirdLife coordina la Red Europea contra los Delitos Ambientales (ENEC) que el pasado año presentó una serie de recomendaciones legales para reducir la caza y la captura ilegal de aves acordadas por sus miembros durante el I Taller Europeo contra el Crimen Ambiental.

Entre las acciones que se proponen destacan algunas como la necesidad de evaluar la manera en que la legislación penal nacional está sirviendo en la UE para proteger las diferentes especies de aves y de armonizar las sanciones penales en los distintos estados miembros.

En este sentido se han detectado las diferentes penas que se aplican a la hora de juzgar un delito contra la fauna en la UE.

Otras recomendaciones se refieren a la importancia de mejorar la aplicación de las Directivas de Aves y Hábitats en los diferentes Estados miembros de la UE y de crear redes de intercambio de información entre los diferentes actores implicados en la protección de la fauna.