La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha exigido al Gobierno central "respeto" a las competencias de la Comunidad de Madrid, ya que "no se puede establecer" de forma "general" la expropiación urbanística "que el Gobierno quiere imponer" porque es "propia de sistemas autoritarios".

"Parece mentira que un Gobierno que aprueba estatutos como el catalán luego quiera recortar las competencias en materia de suelo y vivienda que no sólo las leyes, sino el Tribunal Constitucional, le han atribuido a las Comunidades Autónomas", dijo Aguirre, cuyo Ejecutivo presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal.

Propio de Stalin

La presidenta madrileña, que hizo estas declaraciones durante una visita a un hospital, destacó que la expropiación, un método "de adquisición de la propiedad" característico "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", debería llevarse a cabo "cuando hay razones de interés público".

Aguirre argumentó que otro de los motivos para la presentación del recurso radica en que la legislación madrileña establece que el 50% de las viviendas que se hagan tienen que ser protegidas, y "aunque en este caso el Gobierno pone una cifra menor", un 30%, "no puede invadir" las competencias de la Comunidad en este asunto.

En la misma línea se situó el responsable regional de la Vicepresidencia primera y Portavocía, Salvador Victoria, quien hoy acudió a presentar este recurso al Tribunal Constitucional, donde reiteró que la Ley del Suelo estatal "está atentando claramente contra el derecho a la propiedad privada" puesto que establece con carácter "general" el "sistema de expropiación forzosa".

"La nueva Ley del Suelo deja con carácter residual los derechos de los propietarios y otorga preferencia a la gestión pública y, lo que es peor, a empresas constructoras que no son propietarias", dijo Victoria, quien explicó que el recurso impugna un total de nueve preceptos de la norma nacional.

Asimismo, aseguró que la nueva ley tendrá "un efecto demoledor" y "supone la práctica un encarecimiento del acceso a la vivienda debido a la intromisión de terceras personas no propietarias en la ejecución de los planes urbanísticos", concretó.