El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Eloy Carmona (PP), se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el pago al ex edil de Medio Ambiente Juan Campos (PP) durante dos años de más de 2.000 euros al mes por la realización de informes de un frase.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Eloy Carmona se ha negado a declarar ante la juez de Instrucción número 8 de Sevila aludiendo para ello al "carácter jurídico" del informe en el que el perito que ha analizado la contratación de Juan Campos concluye que ese contrato "debió ser declarado nulo de pleno derecho al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su adjudicación y firma".

Las mismas fuentes han indicado que Eloy Carmona ha alegado, por ello, que se trata de un informe "de carácter jurídico" y que por ello no puede aportar nada al respecto, asegurando que entiende "que ha sido llamado para evitar una futura alegación de indefensión".

La juez instructora, inicialmente, citó a declarar a Eloy Carmona el pasado día 9 de febrero, pero tuvo que aplazar la comparecencia a este miércoles tras un fallo del sistema informático en el que se guardan las declaraciones.

En este sentido, la juez también había citado este miércoles en calidad de investigados al propio Juan Campos, a la que fuera edil de Medio Ambiente Mercedes Fuentes y al vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares.

Los dos primeros también se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, en el caso de Juan Campos porque tiene recurrida la decisión de la juez de incorporar al procedimiento el informe en el que el perito analiza la contratación referida, y que fue ratificado en sede judicial el pasado mes de diciembre de 2015.

En esta causa, están siendo investigados el propio Eloy Carmona, Juan Campos, y las que fueran ediles de Urbanismo, Pilar Domínguez, y de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, así como el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

Causa de especial complejidad

En abril del pasado año 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la causa contra el alcalde, José Luis Sanz, que es senador, al no apreciar "indicios relevantes" de que hubiera cometidos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

De su lado, la juez instructora ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía hispalense y ha declarado la causa de especial complejidad, lo que permitirá a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.