Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del juzgado considera que el facultativo es responsable de un delito contra la salud pública del artículo 362 quinquies del Código Penal, es decir, de un delito de dopaje, imponiéndole la pena antes señalada.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ejercía la acusación particular en este caso, pidiendo para el acusado la misma pena que el Ministerio Fiscal, es decir, 15 meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina.

El juzgado ha rechazado que pueda calificarse la conducta de delito continuado, aplicando la misma doctrina en este punto que el resto de los delitos contra la salud pública. Igualmente, ha condenado en costas al facultativo, al pago de una multa de 1.080 euros —a razón de seis euros diarios durante seis meses—, así como a indemnizar al SAS en 173,83 euros, cantidad que corresponde al 60 por ciento el precio de los medicamentos recetados al paciente.

La sentencia declara probado que el procesado trabajaba como médico de familia en un centro isleño y, en el periodo comprendido entre marzo de 2011 y marzo de 2012, prescribió a un paciente de su consulta medicamentos de este tipo "sin que sufriera ninguna patología que justificara que le recetara tales sustancias, y que estaban destinadas a potenciar su masa muscular y su rendimiento físico, y poniendo en peligro la salud" del reseñado.

Hace referencia a determinados medicamentos que recetó "pese a conocer los efectos perjudiciales y riesgos para la salud del paciente que producen". Aún así, en el periodo de un año le prescribió "al menos 100 recetas con dichos medicamentos", y la dosis que prescribió de algunos de ellos "superó la dosis recomendada".

Según manifestó el propio paciente durante el juicio, iba al gimnasio "dos o tres veces por semana" y quería dichos fármacos "para estar fuerte, para mejorar su figura", ya que trabajaba como animador de eventos y quería "una estética adecuada".

Algunas de dichas sustancias estaban consideradas legalmente prohibidas en el deporte, incidiendo la sentencia en que el paciente no presentaba ninguna patología que justificase el uso de estos medicamentos.

Además, apunta que estas sustancias pueden producir daños en la salud de quien las consume dados sus efectos adversos, llegando a la conclusión de que "hubo un verdadero peligro concreto para la salud" del paciente.