El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dictaminado este jueves mediante sentencia el incumplimiento de España en 30 vertederos de residuos no peligrosos —19 de ellos repartidos entre las provincias andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla— de las normas europeas sobre el vertido de 1999, dando así la razón a la Comisión Europea, que denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo.

El Ejecutivo comunitario reclamó al Tribunal de Justicia de la UE que declarara que España incumplía sus obligaciones en virtud de las normas europeas en 30 vertederos, en 27 de los casos por no haberlos cerrado lo antes posible, dado que no disponían de autorización para continuar con sus actividades.

Se trata de nueve vertederos de residuos no peligrosos en Vélez Rubio (Almería); Alcolea de Cinca, Sariñena, Tamarite de Litera, Somontano-Barbastro y Barranco de Sedasés, en Huesca; el de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria; el de Jumilla (Murcia); y el de Legazpia (Guipúzcoa), así como de otros 18 vertederos de residuos inertes, en concreto los de Sierra Valleja, Llanos del Campo y el Chaparral-La Sombrerera, en Cádiz; los de Pantano del Rumblar, Barranco de la Cueva, Cerrajón, Las Canteras, Hoya del Pino y el de Carretera de los Villares, todos ellos en Jaén; y el de La Chacona, en Córdoba.

También debían haberse cerrados los vertederos de residuos inertes de Bellavista, El Patarín, Arahal-Morón de la Frontera, Almadén de la Plata, El Chaparral, el de la carretera A-92, kilómetro 57,5, en Morón de la Frontera, y el de Andrada Baja, todos ellos en Sevilla; y el de la carretera 3118 Fuente Leona-Cumbres Mayores, en Huelva.

En el caso de los otros tres vertederos —los de Ortuella, en el País Vasco, y los de Zurita y Juan de Grande, en Gran Canaria—, incumplen la normativa europea al no haber garantizado que la entidad explotadora elaborara y ejecutara un plan de acondicionamiento dentro del plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la normativa.

El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en su sentencia de este jueves el incumplimiento de España de las normas comunitarias en todos estos vertederos al dictaminar que España no ha demostrado que las obras necesarias para ajustar los vertederos de Ortuella, de Zurita y de Juan Grande a la directiva se realizaran antes del 25 de marzo de 2013, el plazo límite para ello, ni tampoco que las obras necesarias en los otros 27 vertederos problemáticos se hayan ejecutados dentro del plazo, dado que las obras de sellado y cierre no se ejecutaron antes del mismo y España tampoco ha justificado los motivos para incumplir los plazos.

En todos los casos las obras de sellado y cierre debían ejecutarse antes del 25 de marzo de 2013, con la excepción del vertedero del Barranco de Sedasés, cuyo plazo límite era el 26 de junio de ese año.

El Ejecutivo comunitario denunció en 2009 el incumplimiento de la normativa en 123 vertederos en total, aunque retiró posteriormente del procedimiento de infracción a 45 vertederos, bien porque ya no se consideraba como existentes o porque habían sido autorizados y acondicionados de arreglo con la normativa comunitaria.