Los grupos socialista, Compromís, Ciudadanos (C's) y Podemos en las Corts han solicitado la comparecencia de los exconsellers de Bienestar Social Rafael Blasco, Alicia de Miguel, Juan Cotino, Angélica Such, Jorge Cabré y Asunción Sánchez Zaplana, así como de la actual titular de la cartera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, en la comisión de investigación para el estudio del proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes a centros del grupo Savia.

Los cuatro grupos han presentado este miércoles el plan de trabajo —que ya han registrado en las Corts— que contempla 89 comparecencias, entre las que también figuran los empresarios Enrique Ortiz y Vicente Cotino —sobrino del exconseller y expresidente de las Corts—, ambos del Grupo Savia Gerocentros del Mediterráneo.

También solicitan que intervengan en esta comisión, que se reunirá el próximo martes para aprobar el plan de trabajo y establecer el calendario, los exsecretarios autonómicos de Dependencia, los exsubsecretarios generales, los exdirectores generales y territoriales del área, así como las personas que actualmente ocupan estos cargos.

Del mismo modo, reclaman que comparezcan las personas que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica para la adjudicación de las plazas, así como representantes de la patronal de la dependencia Aerte y de varias empresas del sector, entre otros.

Los diputados Concha Andrés (PSPV), Mónica Álvaro (Compromís), David de Miguel (C's) y César Jiménez (Podemos) han presentado este plan de trabajo conjunto, lo que han justificado porque fueron los grupos que apoyaron en el pleno la creación de esta comisión de investigación.

Concha Andrés ha subrayado que "es muy importante que después de 15 años podamos investigar qué ocurrió con este negocio", en el que "se adjudicaron más de 6.600 plazas para personas mayores". La socialista ha indicado que "el 40 por ciento de las adjudicaciones fueron a empresas vinculadas a la familia Cotino", por lo que "queremos saber si estas empresas tuvieron un trato de favor".

También ha señalado que "con el tiempo fueron ampliándose las prerrogativas a estas empresas" y ha cifrado en más de 1.000 millones el volumen de negocio. Al respecto, ha dicho que tratarán de averiguar si "se cumplían las condiciones establecidas en los pliegos" y, en caso de que no fuera así, "si la Generalitat abrió los expedientes sancionadores correspondientes y si se cobraron estas sanciones".

Asimismo, Mónica Álvaro ha reclamado "dignidad, justicia y responsabilidades" ante unos hechos que fueron "opacos y oscuros" y sobre los que "no se han depurado todas las responsabilidades políticas que correspondían", ha manifestado.

Desde C's, De Miguel ha destacado que será una comisión "extensa" que se reunirá con una periodicidad mínima de 15 días, aunque para dar cabida a los 89 comparecientes puede que se convoque semanalmente. Según ha dicho, "hay mucho trabajo que hacer para averiguar cómo se llevaron a cabo las adjudicaciones".

Del mismo modo, el diputado de Podemos César Jiménez se ha referido al "extenso listado de documentación" para "dar luz a una supuesta extorsión que ha removido conciencias y los pilares de la Generalitat".

Dictamen final

El plan de trabajo presentado por los cuatro grupos parlamentarios establece que el plazo previsto para la emisión de un dictamen resultante del trabajo de la comisión será de seis meses desde la aprobación del plan de trabajo, sin perjuicio de que pueda ampliarse. Cuando se disponga del dictamen, la comisión será convocada para la votación del documento que, posteriormente, pasará al pleno de las Corts para su debate y votación final.