El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el borrador de la Ley del Suelo de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica a las decisiones sobre el territorio.

Así lo puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, donde aclaró que el texto articulado nace para derogar tres leyes pero matizó que no cambia la filosofía de las directrices de ordenación.

"El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo", aseveró el máximo dirigente canario.

Asimismo, puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.

Esta situación, dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos.

Asimismo, expuso que ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria), el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas de 2015.

La nueva ley no toca suelo turístico o espacios naturales

Por su parte, el presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención en el consumo de suelo rústico.

Además, comentó que se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos.

Los principios de la reforma atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones; movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático.

Desde este principio "irrenunciable", Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.

La ley del suelo viene a sustituir otras tres normas

Con todo, el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas

De este modo, la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación (2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014).

La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc., sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.

"todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico"

Mientras, el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—, pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo.

Desde la perspectiva del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público.

Finalmente, otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada Administración en materia territorial y urbanística.

De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.