El Canal de Isabel II: del vínculo con la trama Púnica a la fallida privatización

El Canal de Isabel II: del vínculo con la trama Púnica a la fallida privatización

  • Detenido el expresidente Ignacio González, por desvío de fondos en el Canal de Isabel II
  • La Comunidad utilizó la sociedad pública del agua para sufragar los gastos de campañas de popularidad en Internet del expresidente Ignacio González.
  • Las empresas que realizaron los trabajos están vinculadas a la Operación Púnica, la trama de corrupción municipal encabezada por Granados. 
  • El Canal ha sido objeto de otras polémicas, como su intento de privatización por parte de Esperanza Aguirre, que se encuentra paralizado.
  • También ha sido señalada como la empresa pública en la que se daba acomodo a familiares y personas cercanas al Partido Popular. 

El Canal de Isabel II, la empresa pública controlada por la Comunidad que gestiona el agua en la región, fue supuestamente el instrumento que usó el Gobierno de Madrid durante la etapa de Ignacio González (2012-2015), para sufragar los gastos de campañas de popularidad en Internet de altos cargos del PP, entre ellos, el propio González y el exconsejero de Justicia, Salvador Victoria. Las empresas que realizaron los trabajos, que camuflaron esos pagos mediante una facturación ficticia, están vinculadas a la Operación Púnica, la trama de corrupción municipal encabezada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados que adjudicaba contratos públicos a cambio de comisiones. El juez Eloy Velasco, que instruye el caso, sospecha que el Canal de Isabel II manipuló e infló las contratas para desviar dinero hacia el PP de Madrid. Se trata de la última polémica que rodea a la sociedad pública gestora del agua después de que se haya levantado el secreto de sumario en los tomos del sumario sobre la Púnica. Sin embargo, la gestión del Canal ha sido uno de los asuntos que más se le ha cuestionado al Gobierno regional del PP en las últimas legislaturas, sobre todo por su intento de privatizar el ente público y de emplear en la sociedad a personas cercanas al partido.

  • Privatización. La expresidenta regional, Esperanza Aguirre (2003-2012), decidió en 2008 impulsar la privatización del 49% del Canal de Isabel II con el objetivo de sacarlo a Bolsa y lograr unos 4.000 millones de euros. Entonces, la Comunidad de Madrid justificó su decisión en la necesidad de obtener fondos para realizar inversiones que garantizasen la cobertura de la demanda futura para el abastecimiento de los madrileños y la aplicación de las directivas comunitarias medioambientales. Sin embargo, la Comunidad nunca ha hecho público ningún estudio que acredite la realización de las actuaciones y su justificación técnica. En principio, Aguirre se encontró con la oposición, entre otros, del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, que consideraba que la privatización no se podía llevar a cabo sin el visto bueno de los ayuntamientos, responsables del saneamiento y distribución de las aguas. Después de unas duras negociaciones, la lideresa logró convencer a Gallardón y a decenas de alcaldes cediéndoles parte de la sociedad. Actualmente, un 82,4% de las acciones del Canal pertenecen a la Comunidad y el 17,6% restante se reparte entre 111 de los 179 municipios de la región. En mayo de 2012, la Comunidad anunció la paralización provisional del proceso debido a la imposibilidad de encontrar un inversor que pagase el precio que se pedía, aunque no renunciaba a la privatización. El Canal es una empresa rentable que el pasado año cerró con 224 millones de euros de beneficio.

  • Indicios de nepotismo. El Canal de Isabel II ha sido señalado en el último lustro como la empresa pública en la que se daba acomodo a familiares y personas cercanas al Partido Popular. Comisiones Obreras denunció en 2009 que la sociedad llevaba realizando desde 2004 contrataciones que no estaban sujetas a ningún control o proceso selectivo. Esta denuncia incluía también contratos en prácticas, como el de una hija de Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas (PP). Sin embargo, García Vinuesa ha asegurado a este medio que "ninguno de mis hijos ha trabajado jamás en el Canal de Isabel II ni en ninguna empresa vinculada". Entre las personas que entraron a dedo se encuentran una hija del exsecretario estado de comunicación Pedro Antonio Martín Marín o un primo de la exministra de Justicia Margarita Mariscal, dos altos cargos durante los gobiernos de Aznar (1996-2004).
     
  • Operación Tosca. El director general de la compañía, Adrián Martín, aseguró en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid que el Canal de Isabel II corría con los gastos de la defensa de un imputado de corrupción por su labor en su filial Hispanagua de Melilla, según publicó eldiario.es. Se trata de Gerardo Díaz Martín, exgerente de Hispanagua, imputado en la Operación Tosca por amaño de contratos en Melilla, que ahora ha sido recolocado en la Dirección Financiera del Canal.

  • Tarifazos. Pese a que el Canal de Isabel II genera beneficios millonarios, el Gobierno regional ha subido varias veces las tarifas del agua desde 2011. El precio del recibo medio bimensual pasó de 35,9 euros en 2011 (+2,3%) a 36,97 en 2012 (+3%). En 2013 tocó techo al alcanzar los 38,52 (+4,2%), cayendo hasta los 38,48 euros en 2014 y a los 38,44 en 2015 y 2016. Esto significa que a la conclusión de 2016, los usuarios habrán pagado 15,24 euros más por el agua que en el año 2011, o, lo que es lo mismo, un 7,1% adicional.

  • ¿Cuál es la postura de Cifuentes?  La actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a mantener la titularidad pública del 100% del Canal de Isabel II, según figura en el acuerdo de 76 medidas que firmó con Ciudadanos para obtener el apoyo del partido de Ignacio Aguado en la sesión de investidura. Cifuentes renuncia de esta forma a continuar con el proceso de privatización que pretendieron llevar a cabo Aguirre y González.

*Esta información ha sido modificada para incluir la versión del alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, sobre la denuncia de nepotismo que realizó en 2009 el sindicato Comisiones Obreras.

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