La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias (PAHD) ha emitido este jueves una nota de prensa en la que explican el incidente que protagonizaron este miércoles en la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo, cuando miembros de este colectivo y de estudiantes, impidieron que se celebrase un acto en el que iban a participar determinados empresarios. La PAHD ha justificado su acción insistiendo en que se trata de empresarios que "atropellan" los Derechos humanos.

El acto estaba programado para la mañana del jueves e iban a participar en el mismo el director general del banco SabadellHerrero, Pablo Junceda, el subdirector general de Banca de Empresas, Manuel Menéndez, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, y el presidente del Club Asturiano de Calidad, Alberto Martínez. Pero tras las presentaciónes, estudiantes y la PAHD les interrumpieron y les recriminaron sus acciones. Finalmente, los invitados se fueron, entre reproches mutuos.

"Pedimos disculpas a los posibles estudiantes que se hayan podido ver afectados por este incidente, pero creemos que proteger los Derechos Humanos, que están firmados y ratificados por España es mucho más importante", han señalado este viernes desde la PAHD.

"Durante años los desahuciados y afectados por las hipotecas han sufrido la ruina económica (e incluso vejaciones) por parte de estas entidades llevando a las familias a sobrevivir de ayudas sociales", han explicado. Desde PAHD entienden que no se puede permitir que las entidades financieras que "han llevado a la ruina a este país", así como el presidente de una federación que "lleva a la ruina a los trabajadores y nos acaba convirtiendo en esclavos por un sueldo mísero", sean participes de una mesa "que no es redonda, pues solo están parte de los culpables de esta estafa mal llamada crisis".

"No se puede permitir que en las universidades públicas entidades que han violado y violan los Derechos Humanos tengan cabida, no se puede permitir que quien hace negocio con el dolor ajeno, quien comercia con la vida de las personas, vayan a una universidad pública", han apuntado.

Lamentan que mientras en otros países las personas que se comportan de esa manera lo pagan con cárcel, en España se les sigue "premiando", dándole espacio en las universidades "para que sigan adoctrinando sobre como arruinar a las familias a costa de sus beneficios".

"Por lo tanto, no fue nuestra intervención un atropello a la libertad de pensamiento y de expresión, si no que su presencia es un atropello a los Derechos Humanos y no lo vamos a permitir", han concluido.