Unas cuatrocientas personas que fueron víctimas del terrorismo, particularmente durante los años sesenta y ochenta, ignoran que tienen derecho a cobrar las indemnizaciones oficiales previstas para ellas debido a que ninguna institución se ha tomado el trabajo de comunicarles su condición.
Una vez adquirido el compromiso por parte del Gobierno Central de buscar a los afectados a través de su oficina de Apoyo a las Víctimas, se hacen esfuerzos para localizar a varias de las personas heridas durante el ataque terrorista del que fue víctima el Hipercor de Barcelona en 1987, para que cobren las indemnizaciones que les corresponden.
Actualmente se tiene registro de 102 personas afectadas por ataques terroristas protagonizados por ETA, por la Triple A, Terra Lliure o los GRAPO.
Y entre setenta y cien son marinos y trabajadores que fueron objeto de diversos tipos de actos violencia durante el conflicto del Sahara español.
Muchas de estas víctimas siguen considerando, erróneamente, que las heridas que sufrieron fueron producto de ‘accidentes laborales’.
De acuerdo con Roberto Manrique, presidente de la asociación catalana de damnificados, la principal causa para que las víctimas del terrorismo con derecho a indemnización no hayan hecho uso de su derecho es la falta de información oficial que existe en torno a este tema.
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