Un 29 por ciento menos de coches del Estado, alcaldes en bicicleta... Ya sea porque la crisis ha obligado a apretarse el cinturón a todos -o al menos a dar imagen de ahorro-, o por una mayor conciencia medioambiental, lo cierto es que nuestros políticos han comenzado a apearse del coche oficial.

La enésima polémica sobre este tema llegó hace unas semanas al Congreso de los Diputados cuando, tras su constitución, distintos miembros de la Mesa anunciaron en cascada su renuncia al privilegio de desplazarse en un vehículo de alta gama con chófer.

Ya algunos meses antes, después de las elecciones autonómicas y municipales del año pasado, no pocos alcaldes y algún que otro mandatario autonómico sacaron a relucir su vena más ecologista o ahorradora y abogaron por un uso más racional del coche oficial.

Pero la verdad es que el asunto viene de más lejos, sobre todo desde que el anuncio del cese del terrorismo etarra permitió relajar la seguridad de los cargos públicos.

El parque móvil del Estado, del que lleva cuenta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, disminuyó en un 29 por ciento entre 2011 y 2014: de 921 a 652 vehículos.

Muchos de los coches retirados han sido subastados, en concreto 225, con lo que se recaudaron 574.331 euros.

Alineados con las directrices de la CORA y de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) de reutilización de recursos horizontales ya existentes, se ha conseguido un notable ahorro de costes y aumento de la productividad, dicen en el Gobierno.

Una prueba de ese ahorro está en el desgaste del cuentakilómetros o en el depósito de combustible: de 11 millones de kilómetros recorridos y un consumo de 1,17 millones de litros en 2011 se pasó a 7,2 millones de kilómetros y 867.000 litros en 2014. No constan todavía en la web del Ministerio los datos de 2015.

Casi nada más llegar a la Alcaldía de Madrid, Manuela Carmena renunció al coche oficial y anunció que ningún cargo municipal tendría en exclusiva vehículo ni chófer, ya que esos recursos se ponían al servicio de todo el personal.

Tampoco el mediático alcalde de Cádiz, José María González Santos "Kichi", emplea habitualmente el coche oficial, porque suele trasladarse en autobús, a pie o en taxi.

El valenciano Joan Ribó (Compromís) se monta a diario en bicicleta, al igual que cuatro concejales del equipo de gobierno, y cuando llueve la sustituye por el autobús, aunque tienen a su disposición cinco vehículos del parque móvil del Consistorio, que ha puesto a la venta uno de los Audi A8 que utilizaba Rita Barberá.

Como el clima no es tan benigno con Pamplona, su regidor, Joseba Asiron, ha tenido que renunciar en invierno a la motocicleta con la que acudía a la casa consistorial y ahora compagina su coche particular con el vehículo oficial para actos que así lo requieran.

No tiene tantos problemas la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, del PSOE, que va andando diariamente al Ayuntamiento desde su casa y también a todos los actos que puede. Sólo se monta en coche si tiene que visitar alguna de las pedanías.

En el caso del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha utilizado el vehículo oficial "dos o tres veces en siete meses" y se desplaza por la ciudad en un vehículo eléctrico que conduce él mismo, lo mismo que el regidor de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero.

La regidora de Toledo, Milagros Tolón (PSOE), tiene coche oficial, y hay otro para el resto del equipo de gobierno.

Quien no tiene asignado vehículo oficial de forma exclusiva es el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, porque los del Consistorio están a disposición de todos los miembros de la corporación y su uso se ha ampliado incluso para usos laborales de los funcionarios.

En el caso de los ayuntamientos de las capitales vascas, sólo el regidor de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha renunciado al uso del coche oficial y suprimió el servicio por considerar que suponía un gasto "elevadísimo".

Pese a seguir teniendo dos vehículos oficiales, en San Sebastián acuden diariamente a trabajar por sus propios medios, que, en el caso del alcalde, Eneko Goia, es su turismo particular.

Tal y como había anunciado en campaña electoral, el alcalde de Ferrol y miembro de Ferrol en Común, Jorge Suárez, renunció al coche oficial desde su toma de posesión y el vehículo lo emplean la jefatura y los mandos de la Policía Local para desplazamientos a otras ciudades.

En A Coruña, ciudad que gobierna el líder de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, no usan coches oficiales y los tres que hay en el garaje, de alta gama, podrían ser vendidos a medio plazo.

Los gobiernos autonómicos lo tienen más difícil que los municipales para aparcar el coche oficial, porque tienen que moverse por sus comunidades, algunas de ellas muy extensas en kilómetros.

Tal es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García Page mantiene la flota con la que contaba su predecesora, María Dolores de Cospedal.

Por su parte, en Castilla y León, en los últimos años el Gobierno autonómico ha restringido los coches oficiales, de cuyo uso exclusivo y con chófer gozan ahora únicamente el presidente, Juan Vicente Herrera, y los consejeros.

Según el Gobierno de Navarra, el Ejecutivo dispone de un parque de vehículos y conductores y un sistema por el que tienen asignado uno de forma permanente la presidenta, Uxue Barkos, y los dos consejeros que más viajan, mientras que el resto utilizan coche y conductor "a demanda", cuando los necesitan según su agenda.

La Rioja cuenta con once coches oficiales en el Gobierno autonómico, con un uso muy restringido, ya que, salvo José Ignacio Ceniceros, el resto sólo se monta para desplazamientos oficiales fuera de la ciudad.

El Gobierno de Cantabria tiene nueve coches oficiales, los mismos que en la legislatura anterior y no prevé reducirlos. Eso si, dispone también de dos bicicletas eléctricas, que utilizan sus funcionarios.

Ximo Puig, el presidente de la Generalitat valenciana, reside muy cerca de su lugar de trabajo y acude a pie a la sede del Gobierno y a lugares próximos, como Les Corts, donde también se puede solicitar un vehículo oficial a demanda.

Como curiosidad, el portavoz del grupo socialista, Manuel Mata, ha acudido alguna vez en patinete a Les Corts; la diputada Marian Campello (Compromís) recurre a la plataforma de coche compartido Bla Bla Car para trasladarse desde Elche (Alicante), y cinco de los doce diputados de Podemos usan la bici para ir al Parlamento.

En la Asamblea de Madrid hay siete coches oficiales en régimen de arrendamiento, uno de ellos asignado a la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados (PP), mientras que el resto está a disposición de los miembros de la Mesa y personal propio del Parlamento autonómico.

Murcia cuenta con 23 coches para representación, en los que se incluyen la atención al Consejo de Gobierno y para servicios de incidencias en otros traslados, lo que supone menos del 3 por ciento del total de vehículos de la flota automovilística de la administración regional.

Los diputados de las Cortes de Aragón no tienen coche oficial, -CHA e IU ya renunciaron en la pasada legislatura-, y acuden al Palacio de la Aljafería en vehículo propio, andando o en transporte público.

Tanto el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, y los cinco consejeros del Gobierno extremeño tienen coche oficial.

En el Gobierno Vasco lo usan el lehendakari y los consejeros, mientras que los viceconsejeros y los directores de departamentos disponen de un vehículo del parque móvil público pero conducido por ellos.