La Junta de Castilla y León trabaja para delimitar las responsabilidades por el vertido de residuos en varias fincas de Fuentepelayo (Segovia) alquiladas por los gestores de una planta de compostaje y tratamiento de restos ganaderos, que ha suscitado la polémica por los malos olores que desprende, que afectan a varios municipios, y el impacto ambiental y de salud que genera, según denuncian los vecinos.

Constituida en la plataforma 'No más mierda', la población de la zona alertó hace unas semanas de las "malas prácticas" de la gestora de la planta que, según aseguró, estaba esparciendo por la localidad restos orgánicos sin compostar procedentes de mataderos, hospitales, industrias cárnicas, depuradoras y actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Tras varias inspecciones, los técnicos de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia constataron que las balsas se encontraban colmatadas y que en al menos cuatro parcelas de Fuentepelayo había residuos sin procesar, por lo que la Administración ordenó como medidas cautelares la paralización de las descargas en la planta y la retirada de los restos de los terrenos.

El delegado territorial, Javier López-Escobar, ha explicado este jueves en rueda de prensa que esas medidas cautelares se tradujeron en la apertura de un expediente disciplinario y que este "seguramente no será el primero".

El responsable autonómico ha informado de que aún falta por comprobar todas las fincas objeto de vertidos y hacer los oportunos análisis para determinar responsabilidades, que pueden ser no solo de la planta, sino también de los propietarios de las fincas o los transportistas que trasladan los residuos, según ha dicho.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que está pendiente por revisar la licencia ambiental del complejo, que se ha de renovar en breve, y responder a las nuevas solicitudes que haga la empresa, puesto que se deben garantizar sus derechos.

En estos momentos, las descargas continúan paralizadas, ya que la empresa gestora, Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales S.L, debe tratar aquello que no estaba correctamente procesado y lo que falta por procesar.

El delegado ha avanzado que en una reunión con la empresa se dejará claro cómo se ha de actuar al respecto para impedir "ambigüedades", al tiempo que ha garantizado la vigilancia de los procesos para que los vecinos tengan la certeza de que no se llevan a cabo actividades irregulares y se aseguran condiciones de vida dignas.

López-Escobar, quien ha agradecido a la plataforma su labor de información, que "permite actuar con mayor eficiencia", ha manifestado que en las inspecciones realizadas se ha comprobado que en las instalaciones últimamente no se estaba realizando la actividad para la que se había otorgado la licencia, por lo que ha llamado a la colaboración ciudadana para contribuir a agilizar la mejora de los controles.

Acceso a la información

La rueda de prensa, que no estaba prevista, ha tenido lugar tras la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, al término de la cual Ecologistas en Acción (EA) y la plataforma 'No más mierda' habían convocado un encuentro con los medios a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta. Ha sido el propio López-Escobar quien ha ofrecido a ambos colectivos la sede regional para su intervención ante los periodistas, en la que han estado presentes Raúl Díez, representante de EA; la responsable de Sanidad de CC.OO. en Segovia, María Antonia Sanz; el coordinador de UCCL, Juan Manuel Palomares, y el portavoz de 'No más mierda', José Luis Ordóñez.

Según ha explicado el representante de EA, en el turno de ruegos y preguntas tras la reunión de la Comisión de Medio Ambiente tanto su organización como UCCL y los sindicatos UGT y CC.OO. han solicitado información sobre las actuaciones de este órgano colegiado en el proceso de autorización de la actividad de la planta de compostaje, así como sobre las acciones llevadas a cabo por la Delegación Territorial en materia de control e inspección, entre otros aspectos.

En respuesta, el delegado territorial y presidente de la Comisión se ha comprometido a facilitar el acceso a toda la información y las actuaciones que se lleven a cabo por parte de esta Administración, además de a mantener una reunión con los representantes de sindicatos y ecologistas en próximas fechas.

Menos tensión en el pueblo

El portavoz de la plataforma vecinal ha informado por su parte de que en el municipio se ha rebajado la tensión reinante, fruto del "acoso" de los responsables de la planta hacia vecinos y periodistas que acudían a interesarse por la situación.

Al respecto, Ordóñez ha relatado que las acciones emprendidas por la Subdelegación del Gobierno a través de la Guardia Civil se han traducido en mayor sensación de seguridad ciudadana y han ayudado a que no se repitan episodios como amenazas, agresiones o daños a vehículos.

El portavoz ha manifestado que los vecinos son favorables a una planta de este tipo, necesaria para el tratamiento de residuos y la generación de compost, si bien ha rechazado que esta se haya utilizado como "excusa" para llevar a cabo prácticas "dañinas", a la vez que ha trasladado su preocupación por que estas deriven en riesgos para la salud de personas y animales y, por consiguiente, por que ello comprometa la supervivencia de la zona.

De momento, según ha asegurado el delegado de la Junta, se tiene constancia de que ya se están retirando de las fincas algunos de los materiales residuales. En caso de que no se culmine tal retirada, la Administración actuará de oficio y derivará los costes a la empresa responsable.