La Asamblea Nacional de Venezuela ha recibido este miércoles documentos sobre 63 presuntos casos de corrupción en la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela), apilados en lo que los denunciantes han denominado la "carretilla de la corrupción".
Los documentos han sido presentados en una carretilla ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional por el padre José Palmar, editor responsable del diario Reporte, y por el periodista Leocenis García, de ese periódico.
Ambos han declarado a la prensa que los documentos apoyan las denuncias que han venido exponiendo a través del periódico contra directivos de PDVSA, incluido su presidente, el ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez.
Si se comprueba que (esas pruebas) son verdad, ¿quién irá a la cárcel?
"Si se demuestra que esas pruebas son mentira yo iré a la cárcel, pero si se comprueba que son verdad, ¿quién irá a la cárcel?", preguntó Palmar.
Los denunciantes han invitado al Contralor de la nación y al de PDVSA a que no sean "jarrones chinos, sino tazas de café; es decir, que no estén de adorno sino que sirvan a los intereses del país".
Además, han recordado que han sido citados por la Fiscalía para el próximo 26 de agosto con el fin de que ratifiquen su denuncia y entreguen sus pruebas a ese organismo.
El sacerdote ha advertido que su vida y la de García están en peligro, que son perseguidos por la Policía, que sus teléfonos están intervenidos y que para llegar hasta la AN tuvieron que valerse de algunas estratagemas.
"Un ataque con fines desestabilizadores"
Al divulgarse los presuntos hechos de corrupción, sectores gubernamentales definieron la acusación como "un ataque de sectores de oposición con fines desestabilizadores".
Incluso el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ratificó a Ramírez al frente de PDVSA.
Algunas de las denuncias están relacionadas con la contratación de taladros petroleros por sumas multimillonarias sin que las empresas favorecidas prestasen los servicios requeridos.
El diputado Luis Tascón ha señalado que las denuncias serán investigadas porque "la corrupción acabó con la IV República y no podemos permitir que acabe con la V".
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