Un "despropósito" y "una resolución esperpéntica". Así define el partido político Contrapoder el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los dos titiriteros enviados a prisión en Madrid, por cuyo encarcelamiento ha presentado una querella por prevaricación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La querella, firmada por el abogado José Luis Mazón, incluye también a la fiscal, Carmen Monfort, por considerarla copartícipe de una decisión que tilda de "prevaricadora" y "no salida de una aplicación defendible del ordenamiento jurídico".

Los querellantes, que acuden al Supremo por ser tanto Moreno como Monfort aforados, argumentan que "esta Sala suprema de justicia (la Sala Segunda del Supremo) confirmó la condena por inhabilitación del juez Elpidio Silva por acordar la prisión preventiva del ex director de Caja Madrid (Miguel Blesa) en un asunto de muchísima menos evidencia que el presente".

En este sentido, el texto recuerda también que dicha sala condenó a Baltasar Garzón por ordenar escuchas entre detenidos del caso Gürtel y sus clientes, medidas que, a juicio de los querellantes, eran "mucho menos graves que la privación de libertad de dos personas que no han cometido delito alguno digno de prisión inmediata". "Así que este partido pide un trato coherente con los precedentes", reza la querella.

Asimismo, acusa al juez Moreno de no tomarse la molestia de explicar en su auto todo el argumento de la obra representada por los titiriteros, titulada La bruja y Don Cristóbal. En dicha ficción, pensada como un espectáculo de sátira política, podían presenciarse desde un apuñalamiento hasta el ahorcamiento de un juez corrupto, pero lo que llevó a los dos artistas a la cárcel fue el momento en el que un personaje intenta incriminar a otro en un acto delictivo colocándole al lado, mientras está inconsciente, un cartel de 20 centímetros que reza 'Gora Alka-ETA' (un grupo terrorista inventado, mezcla de Al-Qaeda y ETA).

Los dos titiriteros quedaron este miércoles en libertad con cargos, tras pasar cinco días en prisión, pero con fuertes medidas cautelares como la imposición de comparecer de diariamente al juzgado o la comisaría más próximos a su domicilio y hacer entrega de sus pasaportes bajo la prohibición de salir del territorio nacional. Sobre ellos se mantienen las acusaciones de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta tres años de prisión, y otro delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

"El auto se aparta del argumento y descontextualiza la pancarta del montaje policial", explica el abogado en la querella. "La pancarta Gora Alka-ETA no es ningún acto de publicidad terrorista para que los niños vean con simpatía a estas dos organizaciones terroristas, nada más lejos de la realidad, es o aparecer como un mero instrumento de falsa incriminación que usa el policía corrupto contra la bruja para incriminarla", y añade: "el argumento del juez es un despropósito digno de entallarse en piedra y pieza del venidero museo de los errores y horrores judiciales".

La querella fue presentada en la mañana del miércoles, según han confirmado fuentes del Tribunal Supremo, que estiman que se necesitarán varias semanas para saber si es o no admitida a trámite. Entre las medidas solicitadas estaba la inmediata libertad de los dos titiriteros, que se produjo el miércoles por la tarde, al rectificar la fiscal y el juez acceder a su petición.

"El ingreso en prisión de los chicos es un acto manifiestamente delictivo", afirma el abogado firmante de la querella, José Luis Mazón. "No tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista racional y es un despropósito como la copa de un pino", añade Mazón, que considera significativo que la puesta en libertad de los artistas se produjese solo unas horas después de presentarse la querella.

Mazón ha informado, no obstante, de que este mismo jueves presentarían ante el Supremo una ampliación de la querella para incluir a Javier Zaragoza, fiscal jefe e la Audiencia Nacional, "por ser el que dio la orden o autorizó a la fiscal a pedir inicialmente prisión".