El proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento después de que ningún grupo haya presentado enmienda a la totalidad al texto, que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria. De su lado, el PP-A ha criticado este texto al considerarlo "innecesario" pues supone "estirar el debate el límite de lo posible".

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha explicado ante el Pleno del Parlamento que esta ley establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

Se trata del mismo texto remitido al Parlamento andaluz por el gobierno de coalición de PSOE-A e IULV-CA que no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura, de manera que Aguilar ha agradecido la labor al respecto del que fuera entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU) —presente en la tribuna de invitados del Parlamento durante el debate—, y de su equipo de la Dirección General de Memoria Democrática.

La consejera ha defendido que esta Ley que debe ser "una oportunidad" para la elaboración de "un relato común y compartido" y para construir la respuesta a "dar a las víctimas", de modo que "viene para sumar".

El proyecto normativo, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, siempre en el ámbito de las competencias autonómicas, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza.

El texto refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, y se contempla la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria. Además, en relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

También contempla la norma incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez ha trasladado al PP-A que este debate hay que afrontarlo con "naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación". Ha explicado que este proyecto de ley es fruto de un acuerdo entre PSOE-A e IULV-CA durante la pasada legislatura, y que es ahora el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz quien lo trae a esta cámara "con el ánimo de que a ese consenso se sumen el resto de fuerzas políticas".

"Desde el PSOE queremos poner todo nuestro esfuerzo para lograr un acuerdo que suponga construir entre todos un relato común y cerrar juntos las heridas para que los errores del futuro no vuelvan a cometerse", ha señalado Márquez, quien ha indicado que Andalucía vuelve a ser vanguardia a nivel nacional con esta ley "que honra a quienes defendieron la libertad y la democracia".

El pp-A

Ve esta ley "innecesario"

Para posicionar al PP-A, Juan Ramón Ferreira ha defendido que este texto es "innecesario" y ha recordado que "así lo decía el PSOE-A en 2011, cuando se debatió y rechazó un texto similar al que hoy se debate". A su juicio, esta ley "estira el debate al límite de lo posible", cuando ha incidido en que "hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas".

Ha criticado que esta norma "pone en cuestión el espíritu de la Transición", en lo que entiende como "un intento de rescribir la historia y remover un pasado trágico". Así, el PP-A también rechaza incluir planes de estudio en Primaria, ESO y Bachillerato unos contenidos "controlados por el poder político", o que la norma abarque hasta el 82, "como si el franquismo hubiera durado hasta entonces".

Por parte de Podemos, la diputada Lucía Ayala ha criticado que este proyecto de ley "se enmarque en las competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz", algo que ha tachado de "inconcebible", porque, aunque en el desglose de la ley se aprecian "muchas cosas buenas", esta normativa viene a "equiparar a víctimas de delitos de lesa humanidad con bienes materiales" objetos de estudios arqueológicos tal como está concebida.

Ha defendido que la ley se tramite por la Consejería de Justicia, al tiempo que ha expresado sus dudas sobre si la norma "se podrá ejecutar", al ser "todavía tan incierta la dotación presupuestaria" de la misma. Ha concluido pidiendo al Gobierno de Susana Díaz que "haga las cosas bien por la dignidad de la víctimas y sus familiares".

De su lado, el diputado de Ciudadanos (C's) Sergio Romero ha asegurado que "no encontrarán" a la formación naranja en un debate que ponga en tela de juicio el papel de la Transición "por lo que representó para la democracia", si bien ha abogado por "reparar lo que haya que reparar, que es lo que este proyecto de ley pretende", para dar a los familiares el derecho a descansar en paz.

Ha indicado que C's va a poner todo de su parte para que desde la Administración pública se facilite esta labor porque, como ha apuntado, "un país se mide por dignidad que se da a sus muertos", de manera que ha pedido cerrar este capítulo "con altura política" y liberándolo de "cualquier politización".

Por su parte, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto tras resaltar que el concepto de memoria democrática "amplía" el de memoria histórica, ha defendido que "el deber público de la memoria corresponde esencialmente al Estado democrático", y, en ese sentido, la Junta, como parte del mismo, "asume como propio" ese deber, y ha pedido una "tramitación sin sorpresas" de la ley, sin enmiendas que puedan "frustrar" las aspiraciones de las asociaciones de memoria.