El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha alertado de que "uno de cada tres trabajadores andaluces cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", tras lo que ha lamentado la "permisividad" y la "pasividad" de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda, a las que piden más acciones para luchar contra la economía sumergida.

Por ello, Carbonero cree que "no sólo hay que derogar la reforma laboral, hay que acabar con la pasividad de administraciones y gobiernos ante la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social que ha propiciado".

En rueda de prensa para presentar el informe sobre 'Situación de la negociación colectiva en Andalucía', coincidiendo con los cuatro años de reforma laboral, Carbonero ha destacado que la labor sindical "ha conseguido mantener la ultraactividad, contra el objetivo de suprimirlo de la reforma laboral".

Asimismo, considera que "la devaluación del coste del trabajo no ha llegado de la mano de la negociación colectiva sino de la reforma laboral", tras lo ha recordado que "aunque la Encuesta Trimestral de Coste Laboral habla de una bajada de salarios del cinco por ciento, los datos de Hacienda alerta de una bajada del diez por ciento", lo que supone que "no se cumplen los convenios colectivos y prolifera la economía sumergida".

"Es una vergüenza como las administraciones dejan que hayan situaciones de precariedad", se lamenta Carbonero, quien lamenta que "el coste salarial bruto en Andalucía se cifra en 19.812 euros en 2015, lo que supone 1.000 euros menos que los 20.843 euros de salario bruto registrado en 2011".

CCOO explica que hasta la reforma laboral el convenio sectorial era el marco de referencia y el de empresa era para mejorar esas condiciones "pero ahora el de empresa se utiliza para devaluar las condiciones de los trabajadores".

Carbonero ha afirmado que la devaluación del coste de trabajo "no ha sido por la negociación colectiva, sino que ha sido por la reforma laboral".

El sindicato ha presentado un informe en el que recoge la situación de la negociación colectiva en Andalucía, donde, "gracias a la labor sindical, se han conseguido mantener todos los convenios colectivos importantes y parar la ultraactividad frente a la pretensión de la

reforma laboral", ha resaltado la secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CCOO-A, Miriam Pinillos.

En este sentido, Francisco Carbonero ha apuntado que "aunque ha habido una evidente pérdida de derechos y de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, la devaluación del coste de trabajo no ha sido consecuencia de la negociación colectiva sino de una reforma que busca generar miedo, disciplinar la contestación social y precarizar el mercado de trabajo".

Actualmente hay vigentes en Andalucía 1.544 convenio, de los que 1.336 son convenios de empresas y 208 de sectores. Todos los convenios afectan a 1,5 millones de euros, de los que 1,4 millones se ven afectados por convenios sectoriales.

En el informe se destaca la importancia de la negociación sectorial, bajo la que se encuentran un 1.400.000 trabajadores en Andalucía frente a los convenios de empresa que, "aunque en número han crecido buscando empeorar las condiciones de trabajo al calor de la reforma laboral, afectan a unos 100.000 trabajadores". "Antes de la reforma laboral el convenio sectorial era el marco de referencia y el de empresa se utilizaba para mejorar las condiciones laborales pero con la reforma laboral sucede lo contrario", denuncia Carbonero.

Así, según ha precisado Pinillos "de la subida del 0,85 por ciento de media de incremento salarial, en los convenios sectoriales se registra un incremento del 0,88 por ciento, mientras que en los convenios de empresa se registra un aumento del 0,3 por ciento".

Carbonero además ha indicado que "las empresas exportadoras son las que menos han empeorado sus condiciones de trabajo, por lo que no es cierta la tesis de que se reduzcan condiciones laborales para acometer la salida al exterior".

Descuelgues salariales

Tanto Carbonero como Pinillos consideran que "especialmente "sangrante" es el caso de los descuelgues salariales, de los que Miriam Pinillos ha dicho que "en la mayor parte de los casos se produce a través de las comisiones 'ad hoc', donde los trabajadores se ven obligados a convertirse en sus propios enemigos al firmar peores condiciones si no quieren perder el empleo".

Tras poner de ejemplo la situación de las farmacias, los dirigentes sindicales consideran que cuestiones como estas son las que constatan que "la negociación colectiva va por un camino y la realidad va por otro". "Si los convenios dicen que han subido los salarios y los datos de aportaciones del IRPF a Hacienda registran una bajada del diez por ciento, está claro que la negociación colectiva no se está cumpliendo", han añadido.

Asimismo, han indicado que la gran mayoría de las inaplicaciones de 2015 afecta exclusivamente al sistema salarial y una parte muy reducida afecta a otras materias como jornadas u horarios. Asimismo, el 81 por ciento de las inaplicaciones del pasado año han sido firmadas por comisiones 'ad hoc', al margen de sindicatos.

Propuestas sindicales

El sindicato ha insistido en que hay que derogar la reforma laboral y "acabar con la permisividad de administraciones y gobiernos ante la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social, que en la mayor parte de los casos no se denuncia para disciplinar el conflicto social".

Por ello, Carbonero ha recordado a los partidos de izquierda que "ahora tienen la oportunidad de resarcir el daño que hizo la reforma laboral de Rodríguez Zapatero en 2010 y que el PP remató, con violencia, en 2012 con la de Rajoy", y ha mostrado su deseo de que el nuevo Gobierno central "no sea de corte conservador y mejore las condiciones de los trabajadores de este país".

Reactivar el consumo interno con una redistribución de la riqueza distinta de la que se está haciendo ahora, subir el SMI a 800 euros en los próximos dos años, evitar la individualización de las relaciones laborales y las privatizaciones, o recuperar el empleo de calidad son, para CCOO, algunas de las cuestiones que partidos y gobiernos tienen que situar en las primeras páginas de sus agendas políticas para mejorar el mercado de trabajo y con ello la economía.