Líderes de PSOE, IU, Podemos y En Marea y los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este martes ante las puertas de la factoría de Airbus en Getafe para encabezar la manifestación en apoyo a los ocho sindicalistas de Airbus que desde este martes serán juzgados por la huelga general de 2010.

Los acusados comenzarán a declarar en el juzgado de lo penal número 1 de Getafe (Madrid) por su actuación en una de las puertas de la fábrica aeronáutica durante la huelga general contra la reforma laboral de septiembre de 2010. Cada uno de los acusados se enfrenta a una petición de ocho años y tres meses de prisión de la Fiscalía por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores al incumplir el artículo 315.3 del Código Penal.

Una hora antes del inicio de la vista, se han concentrado ante las puertas de la fábrica los máximos responsables de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que encabezan la manifestación en apoyo a los acusados. También han acudido a la convocatoria responsables del PSOE como su secretario de Organización, César Luena; la responsable del PSOE-M, Sara Hernández; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el secretario de Relación con la sociedad civil de esa formación, Rafa Mayoral; el coordinador general de IU, Cayo Lara; y la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

En declaraciones a los medios, Luena ha defendido que los derechos de los trabajadores, y sobre todo el derecho a la huelga, no se pueden ver amenazados por el Código Penal. Por ello, se ha comprometido a derogar el artículo 315.3 por coaccionar el derecho de los trabajadores a la huelga.

La secretaria general del PSOE-M, por su parte, ha expresado su apoyo a una movilización que recupera la "lucha sindical" y obrera y grita "Huelga no es delito". El texto completo del 315.3 indica que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".

No reconocer esta norma, así como el hecho de declararse inocentes de todos los cargos, llevó a los sindicalistas a no aceptar las propuestas de acuerdo de la Fiscalía, que en tres ocasiones les ha ofrecido reducir su petición de pena para evitar la entrada en prisión. En caso de ser condenados, pedirán la amnistía. El secretario de Podemos Rafa Mayoral ha considerado que la "única sentencia" que puede tener este caso es la "libre absolución". Ha defendido que "nadie" puede entender que haya 300 sindicalistas pendientes de juicio por sus actividades reivindicativas, lo que ha tachado de "inadmisible en democracia".

Cayo Lara, por su parte, ha lamentado la existencia de una manifestación para "reivindicar derechos" conseguidos hace cuarenta años. "No es comprensible que en pleno siglo XXI estemos de nuevo volviendo a reivindicar el derecho de huelga que se ha criminalizado con esta petición de la Fiscalía de 64 años a ocho trabajadores", ha apostillado.Yolanda Díaz, diputada En Marea, ha considerado que los casi 300 sindicalistas pendientes de juicio "están siendo represaliados" y ha abogado por la unidad y la lucha en un día "histórico". A su juicio, hay mayoría suficiente en las cámaras para derogar el artículo 315.3, utilizado "de manera torticera" por la Fiscalía.

El juicio a los "ocho de Getafe" comenzará con la declaración del expresidente del Comité interempresas en el momento de los hechos José Alcázar, mientras que los testimonios de los policías están previstos para el segundo y tercer día del proceso. El juicio se alargará hasta el día 12 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe y contará con doce testigos de la defensa, además de los diez policías que sostienen haber sufrido lesiones durante la huelga.

En los últimos meses, los 'ocho de Airbus' han llevado a cabo un intenso calendario de movilizaciones de diversa índole en el que han sumado apoyos del mundo de la cultura, la universidad y la política, con el posicionamiento a su favor de partidos como PSOE, Podemos o IU.

Trabajadores de las factorías de Airbus en Andalucía, además de militantes de UGT y CCOO junto a representantes políticos de PSOE, IULV-CA y Podemos, se han manifestado este martes en Sevilla para mostrar su apoyo a los ocho empleados de Airbus para los que la Fiscalía pide 66 años de cárcel por participar en la huelga general de 2010 y cuyo juicio se inicia este martes. Han pedido justicia social y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha recordado, en este sentido, que ese artículo "anclado en el franquismo ha sido despertado por el gobierno del PP para acallar las protestas contra sus recortes indiscriminados e injustos porque saben que la huelga es un instrumento útil para reivindicar la justicia social y los derechos".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Metal, Construcción e Industrias Afines de UGT-A, Manuel Jiménez, ha advertido de que no van a desistir hasta que se solucione la situación del último de los compañeros condenados o pendientes de juicio". Sobre el artículo 315 del Código Penal, ha dicho "que es preconstitucional y que nos ha traído a revivir tiempos que creíamos olvidados, tiempos que nos traen a compañeros que han perdido su vida, compañeros que han estado en prisión por el simple hecho de ejercer su derecho a la huelga".

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha participado en esta manifestación junto al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, y los diputados nacionales José Manuel Girela, Carmen Cuello y Amalia Rodríguez, y ha asegurado que "sin libertad de huelga no hay democracia" y ha mostrado su total apoyo a los ocho trabajadores de Airbus. También ha querido denunciar "la pérdida de libertades que ha acometido el PP durante estos cuatro años y que hay que enmendar necesariamente".

La dirigente provincial ha exigido la "inmediata" derogación del artículo 315.3 del Código Penal porque "coarta la libertad de huelga y de expresión de los trabajadores". "A estos trabajadores de Airbus les piden ocho años de cárcel a cada uno por haber ido a la huelga y eso es inaudito en este país", ha lamentado Pérez, quien ha añadido que "desgraciadamente este caso es solo una muestra más de la pérdida de derechos y libertades que los españoles hemos tenido que sufrir con el Gobierno de Mariano Rajoy durante los últimos cuatro años".

Por su parte, la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Elena Cortés, ha dicho que "llama la atención" que el Ministerio Fiscal sólo haga un llamamiento al trabajo cuando hay una huelga general y cuando los sindicalistas deben hacer la labor de informar a los trabajadores sobre la convocatoria de una huelga general puesto que "el resto del año se olvidan de ese derecho al trabajo y se olvidan de cuáles son las condiciones laborales de precariedad o bajos salarios de los trabajadores", ha apuntado la dirigente de IULV-CA.

El sindicato CCOO ha realizado concentraciones en las cinco provincias de la región en apoyo a los ocho sindicalistas de Airbus procesados por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2009 y cuyo juicio ha comenzado este martes, afirmando que en este juicio "se sienta hoy en el banquillo a la democracia y al sindicalismo".

El secretario general de CCOO en la región, José Luis Gil, que ha participado en la concentración en Toledo, ha calificado este juicio como "ridículo internacional" y ha considerado que los sindicalistas "deben ser absueltos" porque "no hay causa", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Gil ha acusado a la fiscalía de "seguir órdenes del PP" y ha considerado que "el ridículo es tan bochornoso que el juez debería evitarlo".

"En un país que ha peleado mucho por la democracia y por las libertades hoy se juzga la lucha, la pelea, la entrega y los logros que gracias a ello hemos conseguido en los últimos 40 años", ha reiterado el secretario general, insistiendo en que el juicio es "una barbaridad jurídica y social".

Por otra parte, en Guadalajara, donde se han reunido otras 50 personas, el líder provincial de CCOO, José María Rey, ha advertido que "no habrá democracia sin derechos y sin huelga" y ha subrayado que "la libertad se ha conseguido y se consigue luchando".