El abogado Carlos Leal Bonmati, imputado en el caso de los ERE, ha mostrado este lunes documentos elaborados por el Gobierno central con los que, en su opinión, quedaría demostrado que "no habría caso" porque las ayudas sociolaborales que se investigan estarían amparadas por resoluciones legales.

En una comparecencia ante la prensa, Leal ha reiterado que "la norma aplicable es la de 1995 y, si se supiera, se conociera y se aplicara esa norma, este asunto no habría llegado a ningún sitio".

El abogado ha afirmado que ha obtenido la documentación en las últimas semanas a través del portal de transparencia del Gobierno y no ha precisado cuándo la pondrá a disposición judicial, porque, entre otros motivos, afecta a una pieza de los ERE en la que no está incluido como investigado.

"Esta documentación debería ser conocida por todos los afectados en la causa, especialmente por el Ministerio Fiscal y por la instrucción, por los querellantes y por la sociedad en general", ha añadido el imputado, que también la ha hecho pública a través de su blog particular.

En los 41 documentos aportados por el abogado se demuestra, según ha enfatizado, que las ayudas concedidas a empresas en crisis se podían dar a los desempleados "con discrecionalidad y sin límites en la cuantía y en la duración de años".

"El caso ERE es un fracaso colectivo", ha concluido el abogado antes de definir como "de sainete" y una "situación kafkiana" todo lo ocurrido con esta causa, que abrió hace cinco años la jueza Mercedes Alaya y que ha estropeado la vida a "cientos de personas".

Las conclusiones del abogado se basan en documentos del 2013 y del 2014 elaborados durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, en los que se explican los detalles de las órdenes del Ministerio de Trabajo desde 1995, que justifican las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas en crisis, según su tesis.

Fuentes de la investigación, por su parte, han rechazado esta tesis del abogado porque consideran que, aunque se tratara de ayudas excepcionales a empresas en crisis, se tendrían que haber tramitado con un procedimiento que no existió en las concedidas por el Gobierno andaluz.

El abogado ha explicado que en la documentación que ha obtenido se demuestra que todas las partes intervinientes en el caso de los ERE están "equivocadas" y ha agregado que la causa ha estado "demasiado" politizada. En este sentido, ha dicho que al PP le sirvió para ganar las elecciones generales y a Susana Díaz para "ajustar cuentas" en el PSOE y situarse como presidenta andaluza.

Por otro lado, la Junta reclama con resolución administrativa firme la devolución de 84,5 millones de euros de las ayudas sociolaborales concedidas a trabajadores afectados por los ERE y a empresas en crisis, según ha indiciado el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por PP-A.

De estas ayudas, se han reclamado 6,5 millones a trabajadores, 74,8 millones a empresas y 3,1 millones a ayuntamientos. De las mismas, han sido impugnadas un total de 108 ayudas por importe de 44,6 millones, correspondiendo a 31 trabajadores, 69 empresas y ocho ayuntamientos.

La instrucción de la causa continúa este martes con las declaraciones de los exconsejeros de la Junta Francisco Vallejo y Manuel Recio, que aún no han declarado en este caso.