Los seis concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y los dos asesores del grupo municipal que han declarado este lunes ante el juez del caso Imelsa han salido del juzgado manteniendo la condición de investigados, lo que se conocía como imputados antes de la última reforma legal. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de la cuenta de Twitter de este organismo judicial.

Se trata de los ediles Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo

La ramificación del caso Imelsa que afecta al grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia toma impulso esta semana y la que viene con la declaración en calidad de investigadas de 34 personas, todas ellas relacionadas con esta formación política. Concejales, exediles y asesores desfilan entre este lunes y el jueves de la próxima semana por la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde el titular del Juzgado de Instrucción número 18 les tomará declaración para arrojar luz sobre el presunto blanqueo de capitales que investigan el propio juez y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez tratará de clarificar la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con la presunta donación de 1.000 euros por parte de los ediles y asesores para la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuya lista compartían los ahora concejales con Rita Barberá, que era la candidata a la Alcaldía. Según las investigaciones, el presunto delito estaría en el retorno a estas personas del dinero con dos billetes de 500 euros que procedería supuestamente de comisiones ilegales obtenidas del amaño de contratos municipales.

La siguiente ronda de declaraciones será este miércoles 10 de febrero, con la comparecencia de siete asesores, de la concejala Maria Àngels Ramón-Llin y de los exediles Silvestre Senent y Ana Albert. Para la semana que viene, en concreto los días 17 y 18 de febrero, están previstas las declaraciones de la concejala María Jesús Puchalt y de los exconcejales Vicente Aleixandre, Francisco Lledó, Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto, además de otros 11 asesores.

El cerco se ha ido estrechando cada vez más sobre la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dado que sus concejales de la pasada legislatura, y los que han repetido en el actual mandato, están investigados. Además, el que fuera su número dos, Alfonso Grau, dijo la semana pasada que desconocía el blanqueo pero que, si este se produjo, debía de saberlo Barberá.

En esta línea, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, dijo este domingo que desconoce si Barberá "acabará la legislatura en el Senado", pero sí remarcó que es "importante, fundamental, imprescindible que dé explicaciones claras, rotundas, contundentes y transparentes". Barreiro se refirió así a "todo lo que se está publicando alrededor del Ayuntamiento de Valencia". En una entrevista a la Cadena Ser, el portavoz popular aclaró, no obstante, que Barberá fue designada senadora por el Parlamento valenciano y "hasta este momento no hay ninguna instancia judicial que la esté investigando".

El PP valenciano se halla sumido en una grave crisis desde que estalló el caso, tanto por el número de implicados como por la relevancia de los mismos. Con una gestora designada para la ciudad de Valencia, la dirección regional aboga por convocar un congreso extraordinario para desligarse de los escándalos y renovar estructuras y discursos.