La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), reunidos este domingo en Córdoba, han criticado "la grave situación de más de un millón de andaluces que viven en condiciones de precariedad, careciendo de agua potable y redes de alcantarillado".

En un comunicado, los colectivos han asegurado que "las condiciones de infravivienda están condenando a esos andaluces a vivir en condiciones de insalubridad, abocando a la población a padecer todo tipo de enfermedades".

La situación requiere una actuación "urgente y contundente" contra los responsables, por lo que han decidido "pedir responsabilidades a las instituciones políticas, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), denunciar a los responsables públicos, solicitar una reunión con el defensor del pueblo, contactar con la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), e intervenir en el Parlamento andaluz y ayuntamientos".

Asimismo, los colectivos andaluces que han participado en la citada reunión han firmado un manifiesto por el que "urgen la redacción de una nueva LOUA cuya filosofía responda a las exigencias de calidad de vida del siglo XXI, fundamentándose en las necesidades ciudadanas y respondiendo al interés social general", y, por otro lado, que mientras tanto ha de aprobarse una reforma que "dé soluciones a los problemas más acuciantes, por la trascendencia de la problemática y por la inexorable fatalidad que conlleva no abordarlos con urgencia".

Todo lo manifestado por los colectivos de parcelas de Andalucía se debe a "la grave situación que viven miles de ciudadanos afectados por leyes urbanísticas que suponen obstáculos insalvables, impiden el acceso a servicios básicos, coartan derechos fundamentales e impiden unas condiciones de vida dignas, ante la modificación parcial de la LOUA que afecta a las edificaciones aisladas en el SNU y actualmente en tramitación en el Parlamentario de Andalucía".

"Estimamos que la reforma legislativa debe tener mayor amplitud, abordando consideraciones como paso intermedio a una nueva LOUA", han explicado, al mismo tiempo que aseguran que ello "debe responder a una filosofía distinta y atiendan distintos aspectos como el reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, y el resultado de las manifestaciones expresadas en procedimientos de participación ciudadana deben tener un carácter vinculante a la hora del planeamiento, salvo que infrinjan las leyes; la simplificación de la burocracia al establecer los procesos de tramitación y ejecución del planeamiento, y el mantenimiento de la disciplina urbanística debe alcanzar a todos, empezando por la propia administración competente".