El plan de infraestructuras educativas 2016-2020, que contemplará las necesidades de construcción o adaptación de equipamientos, se presentará antes de finales de este mes, según ha anunciado la consejera del ramo del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, en respuesta a una interpelación de la diputada de Podemos, Erika Sanz, en el pleno del Parlamento autonómico.

Pérez ha apuntado que la demanda de plazas "crece en unas zonas y disminuye en otras", algo que "obliga" a contar con "modelos constructivos más versátiles" y, por eso, se van a edificar nuevos centros que incluyan las enseñanzas desde Infantil a Bachillerato y "se van a integrar aulas de Secundaria en centros de Infantil y Primaria que estén perdiendo alumnos" de los primeros ciclos, "como puede ser en el barrio de La Jota de Zaragoza".

La consejera se ha referido también al nuevo decreto de escolarización, que está en fase de exposición pública, motivo de la interpelación de Podemos, para opinar que la diputada Erika Sanz ha tenido una intervención "exagerada" en la crítica, cuando ese documento ha sido "valorado" tanto por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, como por el Consejo Escolar de la Comunidad y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR).

No obstante, "le tiendo la mano" y "seguro que podemos mejorar y que sus aportaciones nos ayudarán", pero ha sostenido que la intervención de Sanz ha transcurrido "como si no hubiera cambiado nada", cuando hay "cosas totalmente distintas", como iniciar la escolarización anticipada a los dos años en tres centros, uno por provincia, algo que "se hace pocos sitios del país".

Además, se ha establecido la proximidad del centro al domicilio familiar "como criterio predominante", cuando en los últimos años puntuaba igual que el domicilio laboral, algo que "es fundamental para planificar y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos", así como para "garantizar igualdad del alumnado y configurar modelo inclusivo e integrador".

También se ha referido a la disminución del número de alumnos por aula, algo que se va a aplicar "no por zonas escolares, sino por centros", para adaptar el profesorado "a la realidad" de cada uno de ellos; se apuesta por mantener las aulas rurales y por la recuperación de equipos de atención primaria.

La consejera ha expresado, asimismo, su "preocupación" porque "de 300 centros, hay 20 que denominados en desventaja por una escolarización equivocada que hay que corregir desde la Administración y el diseño del modelo educativo", para asegurar que su intención es cumplir el decálogo" suscrito entre PSOE y Podemos para la investidura y "tener un sistema que garantice igualdad de oportunidades y que apueste por la escuela pública".

Oportunidad perdida

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha argumentado que el Departamento "está desaprovechando una oportunidad para cambiar profundamente el sistema educativo y favorecer la igualdad e inclusión", para considerar que no se cumple una resolución del Justicia de Aragón que propone "no superar el 30 por ciento de alumnos con necesidades específicas de apoyo" en cada centro.

Además, hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que señalan que la Administración "no cumple con su obligación de distribuir equilibradamente al alumnado", que se pronunció así tras recibir una denuncia de un colegio en desventaja de Huesca "y que anulan las órdenes de admisión de los cursos 2011-2012 y 2012-2013".

Según ha dicho, según las plataformas en defensa de la escuela pública de Huesca, Zaragoza y Teruel "hay 40 centros en desventaja", una "segregación escolar que no replica la social, sino que está muy por encima".

Por otra parte, ha opinado que no se debería fijar en tres plazas por unidad la reserva para alumnado desfavorecido, puesto que la ley no fija ninguna cifra, además de que "es solo hasta el final del periodo de la matrícula y no para todo el curso escolar, como bien dice la sentencia que tiene que ser".

La diputada ha pedido dotar a los centros "de los recursos materiales y personales que puedan necesitar para atender adecuadamente a la diversidad", ha reclamado más atribuciones para las comisiones se garantías y que no se cierren aulas públicas en las zonas donde también hay unidades concertadas.