Los estudiantes sordos que estudien una lengua extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Junta de Andalucía podrán solicitar el servicio de intérpretes de lengua de signos española durante su aprendizaje.

Así lo ha manifestado en una nota la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), que señala que la administración regional ha ordenado la contratación de estos intérpretes para los estudiantes sordos que actualmente están matriculados en escuelas de idiomas, una medida que, según ha calificado el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, "viene a reparar una injusticia que desde hace tiempo sufre este alumnado, al no poder seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros oyentes".

Ya en 2013, la FAAS se puso en contacto con la administración educativa andaluza para ofrecer fórmulas que compensaran competencias como son la comprensión auditiva y de expresión —el 'listening' y el 'speaking'— que se exigen para obtener la acreditación del nivel B1 en el aprendizaje de un idioma extranjero, y que por su naturaleza funcional resulta "imposible" asumir para los estudiantes sordos.

"La falta de respuesta de la administración ante esta complejidad se alargó, encontrándose el alumnado con la negativa por parte de estos centros de facilitar intérprete de lengua de signos alegando tener un alto coste económico e instando a que los costearan por su cuenta", han explicado.

A este desconocimiento acerca de las necesidades educativas especiales sobre el aprendizaje de idiomas, se sumó "un vacío legal que poco contribuyó a resolver la situación". La FAAS denunció estas discriminaciones ante la administración andaluza y el Defensor del Pueblo Andaluz, acción colectiva a la que se sumaron las acciones individuales de los propios estudiantes sordos.

Tal es el caso de Verónica Sainz, que se vio obligada a pagar de su bolsillo un intérprete con tal de asistir a clase hasta lograr que en un Pleno del Ayuntamiento de Málaga se le concediera este recurso, si bien se le concedió de forma temporal. "Una iniciativa que, sin embargo, debería haber asumido la Consejería de Educación", ha recordado Gómez.

Solventada la situación, el presidente del colectivo confía en que estos precedentes sirvan para "evitar nuevas discriminaciones en el futuro, pues no podemos permitir que se hipoteque el futuro de los actuales alumnos y de los nuevos que vienen".

En este sentido, la entidad urge al Gobierno autonómico a "implementar una estrategia que haga efectiva la ley andaluza de la lengua de signos española, así como a adoptar un cambio de paradigma del enfoque de las políticas públicas sobre discapacidad que supere definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad".