La práctica totalidad de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia declararán como investigados (lo que se conocía como imputados antes de la última reforma legal) ante el juzgado de instrucción número 18, que investiga la presunta trama de corrupción destapada en la provincia a raíz de la operación Taula.

Según fuentes judiciales, los ediles y también asesores están siendo derivados por la Guardia Civil al juzgado a medida que van declarando ante este cuerpo. Estas mismas fuentes señalan que, de momento, el juzgado no tiene el listado ni las fechas de las declaraciones judiciales, pero que presumiblemente estas se producirán en los próximos días.

En esta situación se encontrarían 9 de los 10 concejales que en la actualidad tiene el PP en el Consistorio, y que también lo fueron la pasada legislatura con Rita Barberá en la Alcaldía. La excepción sería Eusebio Monzó, la única novedad de la actual legislatura y que no ocupó el cargo de edil durante el anterior mandato.

La Guardia Civil investiga si estos cargos públicos, exconcejales y asesores, que en total pueden sumar hasta 50 personas, realizaron presuntas donaciones de 1.000 al grupo popular para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá que después les fueron devueltas con sendos billetes de 500 euros procedentes, supuestamente, de esa caja B cuyo dinero se obtendría de contratos fraudulentos.

El primero en hacerlo será el portavoz del grupo popular, Alfonso Novo, que deberá comparecer este miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales, por estar autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del PP en Valencia. Novo fue uno de los cinco investigados no detenidos el pasado martes, cuando se produjo la macrorredada que acabó con 24 arrestados (entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus) y 5 investigados.