La investigación iniciada en torno a la empresa pública Imelsa por amaños en adjudicaciones ha terminado por afectar de lleno al grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, cuyos concejales y asesores han comenzado a declarar ante la Guardia Civil y cuya dirección local será sustituida por una gestora.

Una vez finalizados los interrogatorios a los veinticuatro detenidos en la operación Taula del pasado martes, todos en libertad provisional con cargos y, menos un empresario, con fianzas de responsabilidad civil que en el caso del expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus llega a dos millones de euros, el foco ahora se centra en el PP de la capital valenciana.

Su aún presidente y portavoz municipal, Alfonso Novo, ha sido citado a declarar el próximo miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción número 18, instructor del caso Imelsa, por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Estas diligencias se enmarcan en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.

Novo deberá comparecer por estar, junto a otra persona que también declarará como investigada, autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del PP.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital (de la que fue titular María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en Nóos), Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la Fundación Jaume II El Just (dirigida por otro de los investigados, Vicente Burgos, exesposo de Alcón).

Todas ellas habrían realizado adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. El juzgado investiga contratos desde el año 2003.

Desde la mañana de este viernes, una veintena de concejales y exediles populares de Valencia, así como asesores y exasesores del grupo municipal, han acudido a declarar como investigados (antes imputados) y testigos en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido.

Entre ellos estaban los concejales María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual, Beatriz Simón, María Jesús Puchalt, Lourdes Bernal, así como los exconcejales Silvestre Senent o Miquel Domínguez (actualmente diputado autonómico).

Dentro de esta operación se investiga también si durante la última campaña electoral municipal, cargos públicos y asesores del PP hicieron donaciones de 1.000 euros al partido, que después les fueron devueltos, supuestamente, en billetes.

Al abandonar el cuartel algunos de ellos han recibido insultos de "chorizos" o "corruptos" por parte de transeúntes o vecinos asomados a sus balcones.

En un comunicado posterior, el grupo municipal popular -que cuenta con nueve concejales- ha defendido su absoluta "honradez y honorabilidad" y ha asegurado que no se acusa a sus miembros por el cobro de comisiones ni adjudicaciones fraudulentas.

Sus miembros insisten en que no han cometido "jamás ningún acto ilícito" y también en que "no existe ningún tipo de relación o conexión con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta relacionada con la empresa Imelsa".

Ante esta situación, el PP de Valencia será dirigido por una gestora en los próximos días, según fuentes de las direcciones nacional y autonómica del partido.

La exalcaldesa y senadora Rita Barberá ha dicho, en declaraciones a la COPE, sentirse "asombrada y sorprendida" por lo que ve, oye y lee en torno al caso Imelsa y ha asegurado que ella no ha adjudicado "un contrato a dedo" en su vida.

Barberá ha señalado que ha mantenido "un discreto silencio ante esta avalancha de acusaciones" que, a su juicio, ya le "han condenado mediáticamente" y ha asegurado que durante los 24 años que ha estado al frente del Ayuntamiento "no se ha amañado ningún contrato, ni ha habido mordidas, ni desviación para financiar nada".

Según fuentes de la dirección nacional del PP, la exalcaldesa está nerviosa y lleva tres días sin querer salir a la calle ante la presencia continua de medios informativos ante su casa.

Por su parte, el expresident de la Generalitat Alberto Fabra se ha mostrado indignado y avergonzado por el caso Imelsa y ha declarado que no pone "la mano en el fuego por nadie".

La vicepresienta del Consell, Mònica Oltra, ha asegurado que al PP lo ha disuelto "la corrupción", "una investigación y una redada policial", que han puesto en evidencia que, supuestamente, las comisiones y la financiación ilegal del partido eran "el pan suyo de cada día".