Facua Andalucía ha iniciado una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante "la inacción" de la Junta en la protección de los consumidores, que "está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos especialmente por parte de la banca, las grandes compañías de telecomunicaciones, energéticas y automovilísticas".

La presidenta de la federación de consumidores, Olga Ruiz Legido, y su secretario general y portavoz nacional, Rubén Sánchez, mantienen el primer encuentro este jueves con la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, según ha informado Facua en un comunicado.

Así, han advertido de que en 2015, "un año histórico por el número de denuncias y la magnitud de los fraudes empresariales sufridos por los ciudadanos", la Junta de Andalucía "mantuvo su autoridad de Consumo bajo mínimos en medios técnicos y sin unas líneas de actuación marcadas por su dirección política". De hecho, la Dirección General de Consumo "estuvo funcionando sin un responsable al frente durante buena parte del año", añaden.

El año pasado los andaluces plantearon casi 40.000 consultas y reclamaciones en Facua y sus ocho asociaciones provinciales. Las denuncias batieron en 2015 todos sus récords, con un incremento de nada menos que el 72 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

Por ello, desde Facua Andalucía han planteado siete propuestas "urgentes" para reactivar las políticas de protección de los consumidores, que espera que sean expuestas en el Parlamento dada la "falta de receptividad" del Gobierno andaluz.

Lo primero que Facua propone es una dotación de personal, formación y recursos materiales a la Dirección General de Consumo y sus delegaciones provinciales. La administración competente en materia de protección de los consumidores está "absolutamente desbordada" ante las denuncias presentadas por los ciudadanos y Facua, lo que provoca que "la tramitación de los expedientes se demore, llegando a tardar incluso años en resolverse y con riesgo de que prescriban".

En segundo lugar, reclaman transparencia en las actuaciones frente a los fraudes masivos. Facua ha señalado que en 2015, la autoridad de consumo "no hizo pública ni una sola sanción a empresas por vulnerar la normativa de defensa de los consumidores". Asimismo, "los consumidores andaluces desconocen si la Junta lleva a cabo medidas contra las graves y crecientes irregularidades que sufren, como tampoco trasciende si las multas que se aplican acaban siendo abonadas".

"CONTUNDENCIA"

La tercera propuesta aboga por contundencia ante los atentados contra los derechos de los consumidores. La Junta de Andalucía, según Facua, "no aplica la legislación de consumo, que establece que las sanciones pueden alcanzar el importe del dinero defraudado". "En los reducidos casos en los que se aplican multas por fraudes masivos, su cuantía resulta ridícula en relación a las cantidades obtenidas con ellos por las empresas", han agregado.

Igualmente, contemplan la actualización del régimen sancionador andaluz, el "más reducido de todas las comunidades autónomas". La Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía fue aprobada en 2003 introduciendo una reducción de la cuantía de las multas establecido en la normativa anterior, de 1985, según han indicado.

Asimismo, Facua pide una respuesta rápida ante los fraudes. En Andalucía, al igual que en el resto de España, "se están produciendo fraudes masivos que afectan a cientos de miles de consumidores sin que el Gobierno andaluz reaccione públicamente". "Desde el inicio de esta legislatura no se ha producido ninguna comparecencia de responsables políticos para anunciar medidas frente a casos como el de Volkswagen o las subidas ilegales de tarifas de Movistar, Vodafone y Orange", han apostillado.

La sexta propuesta solicita un reconocimiento de las asociaciones de consumidores como parte en los procedimientos sancionadores, algo que ha sido solicitada por el propio Defensor del Pueblo Andaluz. "La autoridad de consumo no sólo no les permite personarse en los expedientes abiertos contra empresas, sino que incluso les oculta qué actuaciones lleva a cabo como consecuencia de denuncias presentadas por las propias organizaciones", apuntan.

Por último, Facua propone la creación de una estructura para la protección de los consumidores, ya que "es necesario contar con un organismo independiente, una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores, con una adminsitración ágil y eficaz donde sea posible concentrar recursos suficientes para luchar contra el fraude". Un organismo, que según Facua, tendría presupuesto propio, vinculado a una consejería de carácter transversal y de relevancia económica y política dentro de la estructura del Gobierno andaluz.