Entregan a la presidenta de la Asamblea 5.000 firmas en defensa del sistema público de Servicios Sociales

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, ha recibido esta mañana a tres representantes de la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, que le han hecho entrega de 5.000 firmas en las que se pide la derogación de la Ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que eximirá de la prestación de servicios sociales a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y reducirá las prestaciones de los ayuntamientos con una población mayor.
Peñalver con la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
Peñalver con la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
ASAMBLEA
Peñalver con la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, ha recibido esta mañana a tres representantes de la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, que le han hecho entrega de 5.000 firmas en las que se pide la derogación de la Ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que eximirá de la prestación de servicios sociales a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y reducirá las prestaciones de los ayuntamientos con una población mayor.

Tona López Sabater, María José Cifuentes y María Luisa del Pueblo, trabajadoras sociales de Cieza, Alhama y San Javier respectivamente, han trasladado a la presidenta de la Asamblea su temor y su inquietud por la entrada en vigor de la citada ley, que, a su juicio, favorecería la vuelta a los Servicios Sociales "asistenciales de antes", al quitar o reducir estas competencias a los ayuntamientos, que son los que más cerca están de sus ciudadanos y los que mejor conocen sus necesidades.

Las representantes de la Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales han expresado también su temor por el futuro de los trabajadores sociales de los ayuntamientos, y sobre todo por los contratados como personal laboral, situación en la que se encuentra un 48 por ciento del total.

La plataforma ha solicitado que la Asamblea inste la derogación de la ley, como han hecho distintos ayuntamientos a través de mociones, y que las firmas se remitan al Congreso de los Diputados.

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