El titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de la estructura andaluza de UGT mediante facturas falsas, ha declarado a instancias de la Fiscalía la "instrucción compleja" de la causa, gracias a lo cual se prorroga 18 meses el plazo inicial de seis meses que pesaba sobre la instrucción.

En un auto emitido el pasado 18 de enero y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial señala la modificación acometida en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para "la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales", según la cual "las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas", si bien antes de la expiración de dicho plazo se "podrá declarar la instrucción compleja (...) cuando ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado, por circunstancias sobrevenidas o concurran de forma sobrevenida" determinados aspectos regulados por la citada modificación.

A tal efecto, recuerda que el 9 de diciembre la Fiscalía solicitó "que la presente causa se declarase de especial complejidad", admitiendo el juzgado tal extremo porque la misma "reúne todos los requisitos para su declaración de tal manera", pues "se investigan hechos especialmente complejos y la finalización de la instrucción no se prevé que pueda efectuarse en el plazo máximo de seis meses".

Del mismo modo, señala el juez "la existencia de una organización para concertarse con determinados proveedores del sindicato UGT-A, para que coordinadamente, facilitaran vías de financiación para práctica de acciones sindicales, vías que no se corresponderían con el destino que los fondos deberían haber tenido".

"Se da igualmente el supuesto" relativo a "la importante cantidad de investigados en la causa", así como sucede que los autos están "pendientes de la realización de informe pericial, con examen de abundante documentación y análisis complicado de las mismas", toda vez que "se produce la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas".

Por ello, el juez acuerda "declarar la instrucción compleja", dando traslado de tal decisión a las partes, sobre todo al tratarse de un auto susceptible de recurso de reforma. "Si la instrucción es declarada compleja, el plazo de duración será de 18 meses, que el instructor podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal", regula la mencionada modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En paralelo, y mediante otro auto recogido por Europa Press, el juez pide a la Guardia Civil "la remisión de las facturas de los años 2010 y 2014 (...), así como copia del disco duro que fue retirado del ordenador incautado a la mercantil Karonte cuando se efectuó el registro en dicha empresa". Del mismo modo, el juez pide "copia de los contratos suscritos entre UGT y la mercantil Karonte".