El presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), José Manuel Molina Hernández, ha denunciado este lunes la "paralización" que sufren los servicios sociales y los programas de empleo social en Canarias por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, unos programas "que se dirigen a las personas más necesitadas en un momento donde la crisis sigue azotando a muchas familias".

El también alcalde de Tegueste (Tenerife), que en la actualidad también ocupa cargos de responsabilidad dentro de la Fecam, ha mostrado su "gran preocupación por la situación de parálisis actual", y ha critica con dureza la falta de respuesta de la consejera regional, Patricia Hernández, ante las constantes peticiones de reuniones para solventar este problema.

"No es de recibo que después de solicitar reuniones de trabajo, al margen de las protocolarias o institucionales con la consejera, no nos hayamos puesto a trabajar con los instrumentos y datos precisos para poder traducir los que todos esperan que hagamos como gestores públicos", ha criticado Molina en un comunicado.

El mandatario nacionalista ha denunciado que "se está retrasando la aprobación de la nueva Ley Canaria de Servicios Sociales, así como el anunciado catálogo de servicios, y no se ve, por parte de la Consejería, ningún viso de negociación o avance al respecto".

Un hecho que provoca, en su opinión, "una gran preocupación a los municipios y cabildos, ya que genera una situación de inestabilidad de los servicios sociales en Canarias". De igual manera, Molina ha criticado que tampoco se ha ejecutado el tan necesario programa extraordinario bianual de empleo social para el año 2016-2017.

Planes de empleo

"A fecha de hoy, tampoco se nos ha concedido la primera mesa de trabajo para hablar de gestión de los Planes de Empleo Extraordinario bianuales y esta es una de las principales quejas de nuestros ciudadanos", ha denunciado.

Según ha explicado el dirigente de la Fecam y alcalde de Tegueste, "los municipios soportan, en estos momentos, más de 80% de los gastos en servicios sociales, según consta en los datos del Plan Concertado, pero todavía a fecha de hoy, la Consejería que dirige Patricia Hernández, a pesar de nuestra insistencia, no se ha sentado a debatir, por ejemplo, la tan prometida Ley de Servicios Sociales".

Por ello, ha insistido en que no se puede "seguir con este grado de parálisis porque a quien realmente afecta esta situación es a la gente de la calle".

Así, ha denunciado que "después de seis meses no se han iniciado los trabajos técnicos entre Fecam, Fecai y Gobierno, y no se han convocado a los grupos de trabajo ni se ha hecho nada a pesar de ser solicitado oficialmente".

Molina ha insistido en que la Consejería "no ha presentado ningún programa de trabajo en que se esté haciendo algo para abordar esta ley ni ha presentado tampoco ningún documento o borrador al respecto, por lo que la preocupación va en aumento".

Por ello, ha exigido a Hernández que "presente un programa de trabajo con fechas concretas para comenzar a trabajar al objeto de poder sacar adelante esta ley tan necesaria para garantizar la continuidad y seguridad jurídica de los servicios sociales en Canarias".

"Como cargos políticos e institucionales que somos, debemos ser conscientes que la primera realidad es la de nuestros ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, tenemos como prioridad la obligación de sentarnos a gestionar de forma inmediata los escasos recursos con los que contamos", ha asegurado el alcalde de CC.

Fijar competencias

En su opinión, la nueva ley "vendría a fijar las competencias y establecer, por tanto, qué servicio debe prestar cada administración, de qué forma y cómo han de financiarse", por lo que es "fundamental" para resolver las dudas respecto al ámbito competencial y la financiación e, incluso, "en cuanto a la cartera de servicios, factores que actualmente tienen en situación de inestabilidad y debilidad a las administraciones y colectivos implicados".

En este sentido, Molina ha recordado que los plazos de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para que los ayuntamiento siguieran prestando los servicios Sociales "han vencido", además de que "las Comunidades Autónomas debían asumir esas competencias o delegarlas en los términos previstos en la propia Ley". En caso contrario, los Servicios Sociales "seguirían prestándose por los municipios con cargo a las Comunidades Autónomas".

Sin embargo, ha señalado, "el Estado dice que los Servicios Sociales los siguen prestando los municipios en tanto no se revise la financiación autonómica, pero lo hace sin respaldo legal". En todo caso, ha comentado, "la cuestión sigue sin solventarse y las administraciones se encuentran en una situación de incertidumbre que la Ley Canaria de Servicios Sociales vendría a resolver".

"Estamos obligados a sentarnos y hablar de financiación de servicios, debiendo descansar en la cooperación o en la descentralización administrativa, evitando las llamadas duplicidades y reorganizando prestaciones y los recursos, estableciendo un régimen competencial ordenado y fuerte entre toda las administraciones", ha señalado.

A juicio de Molina, los ayuntamientos siguen con "problemas" como la emergencia social, y "quienes están en la calle están esperando que las administraciones sean reactivas a sus problemas, y es importante tratar la situación de los menores, la dependencia, la discapacidad, la inmigración, pero no somos ni tan siquiera recibidos para tratar estos temas".