Los ayuntamientos onubenses de los municipios menores de 20.000 habitantes ya pueden comenzar a contratar a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a través del Plan Extraordinario de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida 2016, puesto en marcha por tercer año consecutivo por la Diputación de Huelva y dotado con un millón de euros, que se reparte en función de demandantes de empleo no ocupados de cada localidad.

En rueda de prensa, la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, ha detallado la tercera edición de este plan, el cual benefició en 2015 a unas 860 personas de 73 municipios de la provincia. No obstante, el mismo incluye este año una serie de novedades, como la ampliación del desarrollo del mismo a un año entero con un margen de contratación de uno a seis meses, y el trabajo integral con las personas, ya que dos horas semanales se trabajará con los beneficiarios para buscar una reinserción a todos los niveles.

A su vez, en esta edición, aquel que no cumpla con todos los requisitos pero que esté en riesgo de situación de desahucio, podrá contar con uno de estos empleos en beneficio de la comunidad. Todo ello "con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos más afectados por la crisis", ha señalado la diputada.

En esta línea, ha hecho hincapié en que este plan extraordinario de empleo va destinado principalmente a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, familias monoparentales o desestructuradas con menores a su cargo o víctimas de violencia de género, entre otras, y que cumplan con el criterio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), siendo los ayuntamientos los que se encargan directamente de contratar, tras adherirse al citado programa.

Aurora Vélez ha incidido en "la necesidad de trazar este camino para buscar una sociedad del bienestar y borrar la sociedad en estado de emergencia con el fin de avanzar en la misma".

En cuando a los sueldos de los beneficiarios, ha precisado que el mínimo se fijará en función del Salario Mínimo Interprofesional, pero cada ayuntamiento puede completar el mismo en función de sus posibilidades económicas.