El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado este viernes el "estado de emergencia económica" en Venezuela para enfrentar la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.

La Gaceta Oficial ha publicado el decreto 2.184 por el cual el Palacio de Miraflores declara el "estado de emergencia económica" en todo el territorio venezolano durante 60 días para contrarrestar "una verdadera guerra económica".

El vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, ha dado una rueda de prensa en la que ha explicado que gracias a este decreto el Gobierno podrá disponer discrecionalmente del presupuesto general para paliar la crisis económica.

Salas ha destacado que el Ejecutivo podrá dictar medidas especiales para diseñar políticas estratégicas que permitan reformular la estructura productiva y financiera de Venezuela, de acuerdo con la cadena panamericana TeleSur.

A corto plazo, Salas ha indicado que Miraflores adoptará medidas de urgencia para luchar contra el desabastecimiento de productos básicos, como, por ejemplo, acelerar el transporte de mercancías en puertos y aeropuertos.

Maduro ha denunciado desde su llegada al poder, en 2013, la existencia de un plan internacional para asfixiar económicamente a Venezuela y provocar así la caída de su Gobierno.

Venezuela sufre desde hace años una crisis económica, agravada por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, que ha vaciado de bienes de primera necesidad los supermercados y ha disparado la inflación.

El estado de "emergencia económica" se ampara en el artículo 338 de la Constitución venezolana, según el cual "podrá decretarse cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente a la vida económica de la nación".

Como todos los estados de excepción, durante su vigencia "podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás Derechos Humanos intangibles".

La declaratoria estará vigente 60 días —contados a partir de este viernes—, prorrogables por otros tantos. La Asamblea Nacional tendrá que dar su visto bueno en los próximos ocho días y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá que "pronunciarse sobre su constitucionalidad".

Este trámite podría dar lugar a una nueva crisis institucional si el Parlamento, ahora controlado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), se niega a aprobar el decreto. La Asamblea Nacional ya ha mantenido un enfrentamiento con el TSJ por la elección de tres diputados opositores.

Precisamente en una sesión solemne ante los representantes de todos los poderes del Estado, el Gobierno en pleno y los diputados de la nueva Asamblea Nacional , Maduro ha dicho este viernes que "reconociendo los resultados electorales" pide "respeto a la Constitución y a los poderes públicos y no caer en la tentación de una contrarrevolución que produzca aventuras que sean lamentadas por todos". Maduro ha reconocido que "no es fácil" manejar el conflicto de poderes actual en el país.

El presidente venezolano ha propuesto además en su mensaje anual de gestión en el pleno del Parlamento la creación de una comisión de "justicia, verdad y paz" frente a la ley de amnistía que pretende aprobar la mayoría calificada opositora de la Cámara: "Propongo aquí que establezcamos una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria, que sea presidida por un venezolano de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas, para ir a un proceso de paz y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos".

La oposición, aglutinada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática, tiene previsto debatir en el pleno en pocos días una ley de "amnistía y reconciliación" con la que pretenden poner en libertad a los opositores encarcelados, una medida que Maduro ha rechazado y que ha advertido que vetará.