La reforma energética que el PP llevó a cabo la pasada legislatura que entre otras medidas recortaba los incentivos a los productores de electricidad mendiante energías renovables ha recibido este miércoles el visto bueno del Tribunal Constitucional.

La sentencia hecha pública este miércoles defiende la constitucionalidad del real decrero 9/2013 y niega que con estos recortes se vulneren los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.

El titular de Industria afirmaba durante la tramitación de la derogación de las ayudas, que la duración de esta suspensión esta vinculada a que deje de generarse un déficit tarifario, que se produce al resultar los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes y que superaba en 24.000 millones de euros en 2012.

En la polémica reforma energética del PP, se justificaba dicho recorte por el aumento del déficit tarifario por la crisis. Fue el Tribunal Supremo, el pasado mes de diciembre, el que puso en duda la constitucionalidad de varios puntos de la reforma, y que ha suscitado esta sentencia que defiende "una transición desde una situación más protegida y regulada, garantizándose por el Estado unos mínimos, a un sistema basado en el juego del mercado".

Además, el Constitucional defiende que el Gobierno de Rajoy utilizara la vía de urgencia, mediante un real decreto, para retirar las ayudas.

Ahora tendrán que ser el Supremo o el Tribunal de Justicia europeo los que se pronuncien sobre las demandas expuestas por varias asociaciones de productores de energía renovable. Entre sus principales argumentos, los demantantes afirman que el real decreto no tiene en cuenta el coste real de la generación de la energía.