La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Galicia ha acogido con satisfacción la decisión de la Fiscalía de presentar una denuncia contra el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las trabas burocráticas impuestas a la administración de nuevos fármacos contra la hepatitis C, ante lo que la asociación advierte que podría haber más casos de muerte por falta de tratamiento y se ha comprometido a aportar la documentación si finalmente el juzgado abre un proceso.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Quique Costas, que ha visto en esta "decisión sin precedentes" de la Fiscalía un "respaldo" a las demandas de los afectados por esta dolencia.

Quique Costas cree que esta denuncia da la razón a la plataforma, que se manifestó en numerosas ocasiones para denunciar que la "gestión" de los tratamientos para la hepatitis C en Galicia es "moralmente inaceptable" y "políticamente insostenible".

El portavoz de la plataforma ha adelantado la "voluntad" de esta asociación de personarse en la causa como acusación si finalmente el juzgado de instrucción número 3 de Santiago decide admitir a trámite la denuncia y abrir diligencias.

Así, y aunque por el momento la denuncia ve "relación directa" entre la dificultad de acceso al tratamiento y el fallecimiento en tres casos, la plataforma ha indicado que hay más personas en esta situación. Por ello, una vez que se admita a trámite, la asociación aportará "testimonios" y documentación de la que disponen para que "en la medida de lo posible, se amplíen los casos juzgados", ha dicho Quique Costas.

DENUNCIA

El caso surge de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía de A Coruña, en la que vinculaban la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación.

La asociación indicaba que al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran una "traba burocrática" que "retrasó" la administración.

Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso.

Las partes están ahora a la espera de que el juzgado de Instrucción número 3 analice la documentación y decida si admite a trámite la denuncia e inicia el proceso o la archiva.

Sanidade adelanta colaboración

Ante este caso, la Consellería de Sanidade ha asegurado que desconoce el contenido de la denuncia, aunque ha avanzado que colaborará con la justicia cuando esta lo requiera.

Fuentes del departamento autonómico han explicado que todavía no han recibido ninguna notificación oficial de la denuncia y que será el juez el que decida si se abren diligencias por este caso o se archiva, toda vez que está "judicializado".

No obstante, han aclarado que, al igual que "siempre", el departamento "colaborará con los tribunales" en "todo lo que se solicite" si finalmente se abre un proceso.