La Policía Nacional ha finalizado una investigación en la que se ha imputado a dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz y a tres responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. El sexto imputado es el propio denunciante de los hechos, relacionados con la supuesta alteración de los baremos de asignación de las puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público de la capital gaditana.

En una nota, la Policía ha explicado que la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en 2009 por un extrabajador de una empresa de alumbrado ante la Fiscalía Provincial de Cádiz para dar cuenta de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de contratación del mantenimiento y conservación del alumbrado público, convocado el 15 de octubre de 2008.

En la denuncia se exponían las supuestas irregularidades cometidas por el responsable de la Delegación de Tráfico y Alumbrado Público del citado Ayuntamiento para "adjudicar de forma irregular cambiando la bases del concurso en perjuicio de la empresa con la mejor oferta, y beneficiando a la empresa con a que habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio de alumbrado publico".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz encomendó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes preliminares determinaron indicios delictivos en las actuaciones de los investigados. En octubre del año 2014 el juzgado ordenó la continuidad de la investigación, haciéndose cargo de la misma el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Cádiz.

Así, se realizaron gestiones tendentes a determinar si se alteraron de manera intencional los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debiera haber sido legalmente la adjudicataria y para el propio Consistorio, al haberse contratado servicios por "unos precios superiores a los que resultarían de aplicar la regla original", así como si se hubiesen cometido otros ilícitos penales conexos con los hechos denunciados.

En el curso de la investigación, la Policía Judicial solicitó sendos mandamientos judiciales para recabar la extensa documentación que obraba en el Ayuntamiento de Cádiz y relacionada con los hechos.

Tras un análisis exhaustivo y pormenorizado de aproximadamente un año, ha culminado recientemente con la imputación de seis personas investigadas, de los cuales dos son funcionarios públicos y tres responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.

La investigación, bautizada como 'Operación Led', revela además que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces Director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, donde se negociaban las ofertas económicas que debían presentar las empresas en los contratos públicos gestionadas por el citado departamento.

De esta forma, según ha detallado la Policía, se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada por la realización de las obras y o servicios con la licitación económica previamente acodada.