La Audiencia Nacional obliga al juez Pedraz a reabrir el caso contra Zapata por sus tuits

  • El concejal del Ayuntamiento de Madrid se mofó de las víctimas del terrorismo en varios comentarios publicados en la red social entre 2011 y 2015.
  • La causa ha sido archivada en dos ocasiones después de que la propia Irene Villa dijera no sentirse ofendida por el contenido.
  • El ponente de la nueva resolución que obliga a reabrir el caso es Enrique López López, un magistrado vinculado al Partido Popular.
El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata comparece ante los medios después de declarar en el juzgado.
El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata comparece ante los medios después de declarar en el juzgado.
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El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata comparece ante los medios después de declarar en el juzgado.

Que a la tercera va la vencida es lo que ha debido pensar la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Al menos así se desprende del auto al que ha tenido acceso 20minutos y en el que se insta al juez Pedraz a reabrir el caso de los tuits ofensivos del concejal madrileño Guillermo Zapata.

Es la tercera vez en medio año en la que la Justicia se pronuncia al respecto de este asunto, que ha sido archivado hasta en dos ocasiones por otro magistrado de la misma Audiencia, el juez Santiago Pedraz.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2015, fechas en las que el ahora concejal escribió en su red social unos tuits poco afortunados sobre las víctimas del terrorismo y sobre los judíos. En uno de ellos aludía directamente a Irene Villa. Zapata siempre ha defendido que se trataba de "humor negro".

Tras los comicios municipales de mayo, y al conocerse la existencia de esos comentarios (anteriores a su nombramiento político), Zapata fue imputado por la Audiencia Nacional y citado a declarar el 7 de julio de 2015. Tras esas primeras diligencias, Pedraz decidió archivar la causa al no percibir indicios de un delito de humillación a las víctimas.

Pero el caso no iba a quedar ahí. La parte presuntamente ofendida recurrió el archivo, y Pedraz fue obligado a reabrir el caso y practicar nuevas diligencias que aclararan la hondura de las ofensas. Así las cosas, volvió a citar como imputado a Zapata, para tomarle declaración.

Además, la propia Irene Villa, la víctima del terrorismo directamente ofendida por los comentarios de Zapata, remitió una carta al juzgado en la que aseguraba no haber tomado los escritos del concejal en consideración y asegurando que no la ofendían en absoluto. Con estas pruebas en la mano, Pedraz volvió a archivar el caso por segunda vez. Corría el mes de octubre de 2015.

Un voto discrepante

Con la nueva resolución de la Audiencia Nacional, esta insta a Pedraz a que vuelva a reabrir el caso para practicar más diligencias. En concreto para que tome declaración y escuche a otras víctimas del terrorismo que aseguran sí sentirse ofendidas y humilladas por los comentarios del concejal.

Este es un paso previo para poder juzgar a Guillermo Zapata por un delito de menosprecio y humillación a las víctimas, en caso de que su versión diera pie a continuar con el proceso judicial, tal y como solicita la asociación Dignidad y Justicia, que es la que ha recurrido en todas las ocasiones los archivos decretados por el juez Pedraz.

Por otra parte, en la nueva resolución, se insta también a la Guardia Civil a que identifique al autor de los comentarios, algo que no ordenó Pedraz en las diligencias practicadas en su momento ya que el propio Zapata asumió la autoría de los mismos desde el principio.

Lo curioso del nuevo fallo de la Audiencia es que el criterio de los magistrados no es unánime. De los tres magistrados que componen el tribunal, uno de ellos, José Ricardo de Prada, ha emitido un voto particular y discrepante con el de sus compañeros. A su juicio, el caso no debe reabrirse, respaldando así el archivo decretado por Santiago Pedraz hasta en dos ocasiones.

Además, hay otro dato curioso. El juez ponente de esta resolución es nada menos que Enrique López López. Un polémico juez del que son sobradamente conocidas sus vinculaciones al Partido Popular y lo que podría hacer pensar que en la nueva resolución hay motivaciones políticas y no estrictamente jurídicas.

La tercera componente de la sala es Concepción Espejel, igualmente polémica. Tanto López como Espejel fueron retirados del grupo de magistrados que iban a juzgar el caso Gürtel, por la ola de reacciones que provocó que semejante juicio se encargara a jueces afines al Gobierno y al PP.

La Audiencia Nacional decidió apartarles sin cuestionar su profesionalidad sino bajo el criterio jurídico de garantizar la apariencia de imparcialidad del proceso, algo que a juicio de la Audiencia en ese momento estaba en entredicho.

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