El popular Pedro Gómez de la Serna, quien fue elegido diputado en las elecciones generales de este domingo pese a la polémica por el cobro de comisiones, no ha decidido todavía si recogerá su acta.

Gómez de la Serna ha recordado que no existen acciones judiciales abiertas contra él y que no está imputado por causa alguna, al tiempo que ha defendido de nuevo su actividad como "lícita y legal".

En declaraciones al medio local Acueducto2, de la Serna ha afirmado: "No estoy escondido, no estoy desaparecido. Sigo contestando el teléfono si sé quién es el que me llama. He dejado mi casa por el cerco mediático. He tenido paparazzis a la puerta de casa, pasquines llamándome de todo. La situación llegó a ser alucinante".

El diputado popular declaró igualmente a Radio Segovia-Cadena SER que son muchas las llamadas que tiene al día —entre 200 y 300— y que atiende las de aquellos cuyo número conoce.

El presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, ha asegurado no obstante este martes que siguen sin tener noticias de él y ha mostrado de nuevo su confianza en que no recoja su credencial.

"Los segovianos han confiado en el PP, pero el PP no confía en él porque si se hubieran conocido las circunstancias que rodean el asunto no se hubiera incluido en las listas", ha manifestado.

Vázquez ha explicado que la Junta Electoral Provincial expedirá a partir del lunes las credenciales de aquellos que han resultado elegidos diputados y senadores y que las actas quedarán a disposición para ser recogidas.

Gómez de la Serna fue expedientado y apartado de la campaña electoral tras ser acusado por un antiguo colaborador de haber cobrado comisiones durante su etapa como diputado por actuar como conseguidor de contratos en el extranjero para empresas españolas.

Pese a las peticiones de renuncia, entre ellas las del propio PP de Segovia y la cabeza de lista, Beatriz Escudero, Gómez de la Serna finalmente no accedió a la solicitud y se mantuvo en la candidatura —solo él tiene potestad para abandonar una vez aprobadas las listas—. De hecho, desde el primer momento defendió la legalidad de su actividad, que declaró y fue autorizada por el Congreso, y atribuyó la acusación del antiguo colaborador a un chantaje.

El pasado viernes, el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, calificó como "graves y concluyentes" las pruebas contra él y anunció que, si no renunciaba, el partido tomaría decisiones tanto en el seno de la organización como en otros ámbitos fuera de él, puesto que existen informaciones "que trascienden más allá de la responsabilidad política y mediática".

En el cobro de comisiones también estaba implicado Gustavo de Arístegui, quien anunció que dimitía de su cargo para no perjudicar al Gobierno. El cese se hizo efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).