El desafío soberanista en Cataluña, las elecciones municipales, autonómicas y generales, la lucha contra el terrorismo yihadista, la detención de Rodrigo Rato... Los temas de política y corrupción han copado la mayor parte de la actualidad nacional este 2015, que también se ha visto salpicado por otros asuntos como el juicio por el caso Asunta o la primera marcha estatal para poner fin a la lacra de la violencia machista.

Andaluzas, autonómicas y municipales, catalanas y generales, por este orden cronológico. El año entero se convirtió en una campaña electoral constante, donde ha quedado patente el fin del sistema bipartidista, y se ha constatado la fragmentación del voto y la pluralidad política en ayuntamientos, comunidades y Congreso.

En las elecciones andaluzas, celebradas en marzo de 2015, el bipartidismo logró sobrevivir al resistir el PSOE el envite de los emergentes. Los socialistas andaluces mantuvieron el mismo número de escaños, 47 (aunque perdió casi 120.000 votos y obtuvo su porcentaje de apoyo más bajo en unas autonómicas), siendo el más afectado el PP, que cayó de 50 a 33 diputados. En esta ocasión, la gran sorpresa la dio Ciudadanos (C's), que con sus 9 escaños consiguió un resultado mucho mejor de lo previsto y su abstención fue decisiva para investir como presidenta a Susana Díaz en junio, 81 días después de los comicios. Podemos, que se convirtió en tercera fuerza política en Andalucía, no logro el resultado que esperaban, aunque se posicionó con 15 escaños en el parlamento autonómico.

Tres meses después de las andaluzas, y cuando todavía estaba en el aire quién gobernaría en esa comunidad, las elecciones autonómicas y municipales confirmaron la cesión de poder del bipartidismo y el ascenso de Ciudadanos y Podemos. El cambio llegó a muchos ayuntamientos, como Madrid, Barcelona, Valencia o A Coruña, gobernados por candidaturas como Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Compromís o Marea Atlántica, apoyadas por Podemos. Aunque el PP siguió siendo la fuerza más votada, la tarta quedó muy repartida y en muchos casos se logró desbancar a los 'populares' con pactos entre PSOE y Podemos, tanto a nivel local como autonómico.

Los comicios catalanes del 27 de septiembre, planteados por las formaciones nacionalistas como un plebiscito secesionista, dieron la victoria a Junts pel Sí, la marca independentista que aúna a ERC y CDC. Sin embargo, esa victoria en escaños (que no llegó al 50% de los votos) no fue suficiente: desde hace tres meses, JxSí se encuentra negociando con la CUP para poder investir a Artur Mas de nuevo como presidente de la Generalitat. El subidón en esas elecciones lo protagonizó Ciutadans, que con sus 25 diputados (tenía 9 desde 2012) se convirtió en la segunda fuerza política del Parlament, relegando al PSC a la tercera posición y quedándose en cuarto lugar Catalunya Sí que es Pot (que incluye a Podemos).

Cuando todavía no está cerrado el Gobierno en Cataluña, las elecciones generales del 20-D han pintado un panorama aún más incierto: el PP, siendo el partido más votado (7,2 millones de votos y 123 escaños), tendrá muy difícil gobernar un país que ha dejado además un parlamento muy fragmentado. Ninguna suma posible (PP+C's, PSOE+Podemos, PSOE+Podemos+IU) daría como resultado los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta salvo, eso sí, que hubiera un hipotético gobierno de concentración PP-PSOE, al más puro estilo alemán.

En este marco, las negociaciones para formar un nuevo gobierno se prevén largas y complejas, ya que ni PSOE ni Podemos apoyarán un Gobierno de Rajoy y la abstención de Ciudadanos no es suficiente para que gobierne el PP.

Más allá de las elecciones de Cataluña del 27-S, con un mapa político que sigue abierto después del insólito empate de la asamblea de la CUP sobre la investidura de Mas, el debate soberanista ha estado presente a lo largo de todo el año. Empezando por la anulación en febrero de la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014, el culmen ha sido tras los comicios catalanes, con una resolución independentista sin precedentes en la actual etapa democrática anulada por el Tribunal Constitucional.

En la política catalana ha pasado de todo en 12 meses: CiU se rompió tras 37 años de convivencia, CDC concurrió por privera vez con ERC a unas autonómicas bajo el paraguas de la marca Junts pel Sí, a la que se sumaron entidades civiles como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, promotoras de las manifestaciones independentistas de la Diada en los últimos años.

Por primera vez en democracia en España unas elecciones se convocaron con nueve meses de anticipación y, también por primera vez, una formación —JxSí— presentó como 'número 4' —Artur Mas— a su candidato a president, siendo el cartel electoral otra persona, en este caso el exeurodiputado y exmilitante de largo recorrido de ICV, Raül Romeva.

Unió (UDC), que no estaba de acuerdo con la alianza de JxSí concurrió en solitario el 27-S y se quedó fuera del Parlament. La escalada de Ciutadans, por su parte, tocó techo en esas elecciones. La formación naranja pasó en solo diez años de tres diputados a ser el partido líder de la oposición en Cataluña. También la CUP fue la gran revelación el 27-S al pasar de 3 a diez diputados y convertirse en la llave de la gobernabilidad en Cataluña al necesitar Artur Mas dos votos independentistas para ser investido.

Este año no solo hubo fracturas de eternas alianzas o inéditas coaliciones en Cataluña, sino que también se renovaron los carteles electorales: Romeva (JxSí), Inés Arrimadas (C's), Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PPC), Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot) y Antonio Baños (CUP).

Los casos de corrupción no han hecho más que crecer y sumarse a las piezas judiciales ya abiertas: a Gürtel, Nóos, Pujol, ERE, y Púnica se ha unido el caso del 3% de CDC y la causa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sobre el origen de su fortuna, que se añade a su imputación en Bankia y las tarjetas black.

Precisamente este último caso ha protagonizado una de las imágenes del año, retransmitida en directo por televisión: un agente de Aduanas metiendo al exministro de Economía en un vehículo, apoyando su mano en la nuca de Rato. Se trataba de su detención, a mediados de abril, mientras registraban su domicilio y su despacho en Madrid a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía, que acusa a Rato de supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Este nuevo frente para el también exdirector gerente del FMI se suma a su imputación por la salida a bolsa de Bankia y al uso irregular de las polémicas tarjetas B.

Otras causas que están siendo investigadas desde hace años en los tribunales, Gürtel y Nóos (en el que están acusados la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin), han enfilado este año su última fase y se encaminan ya a la celebración de juicio, aunque solo Nóos tiene señalada fecha para su inicio, el 11 de enero, momento en el que la Audiencia de Palma decidirá si juzga a la infanta Cristina o la exime en aplicación de la llamada 'doctrina Botín'.

La fecha del juicio de Gürtel aún es un enigma. La inesperada salida de prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas el pasado 22 de enero, tras permanecer 19 meses encarcelado, eliminaba el factor de urgencia que requiere una causa con preso, siempre prioritarias a la hora de los señalamientos.

También ha sido necesario recomponer el tribunal encargado de juzgar Gürtel Epoca I (1999-2005) tras ser aceptadas a finales de octubre las recusaciones planteadas para apartar a dos de los tres magistrados —Concepción Espejel y Enrique López— ante las dudas de su imparcialidad derivadas de su afinidad ideológica al PP. Ambos magistrados también fueron designados para juzgar el caso Bárcenas sobre la caja B del PP, lo que les valió volver a ser recusados, y, aunque la Audiencia Nacional aún no ha resuelto este nuevo incidente, todo indica que acabarán siendo también apartados.

No obstante, la celebración de estos dos juicios no supondrá el fin de la instrucción del caso Gürtel siete años después de que se abriera, ya que aún quedan pendientes otras piezas separadas de la causa principal como las adjudicaciones de Aena a empresas de la trama o la que investiga contratos relacionados con la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, entre otras.

El juicio por el caso Pujol dio un vuelco el pasao 27 de octubre cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investigaba a Jordi Pujol Ferrusola, desplegó la operación Hades en la que 200 policías colaboraron en 15 registros en domicilios y empresas de Cataluña y Madrid para los que no hubo orden de detención.

El origen de esta nueva fase en la investigación a la familia Pujol-Ferrusola, que derivó en la imputación de Pere y Josep Pujol —con lo que desde ese momento quedaron imputados los nueve miembros del clan—, partía de la comisión rogatoria de Andorra, a través de la que De la Mata ha descubierto abonos en efectivo de origen desconocido en las cuentas del primogénito de los Pujol por un total de 31,8 millones de euros.

Además, ha aparecido un documento en el que el expresidente catalán Jordi Pujol acreditaría ser el verdadero titular de una cuenta bancaria abierta en Andorra que gestionaba su hijo mayor y que acumuló 1,84 millones hasta ser vaciada en 2010. Apoyándose en estos datos, la jueza de Barcelona, que desde julio de 2014 investigaba la fortuna en Andorra del expresidente catalán, acordó inhibirse en favor de De la Mata al entender que existe una "estrecha vinculación" entre ambas causas.

Entretanto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue investigando a Oleguer Pujol, y pese a que en 2014 fueron registrados su domicilio y sus empresas y se le mantuvo detenido, aún no ha sido llamado a declarar a la espera del informe definitivo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Sin salir de Cataluña, a la trama corrupta de la familia Pujol se unió también el llamado caso del 3%, que investiga comisiones de empresarios a Convergencia (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas a través de su Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem). El tesorero de CDC, Andreu Viloca, ingresaba en prisión el 22 de octubre por orden de un juez de El Vendrell (Tarragona), aunque, al mes siguiente, la Audiencia de Tarragona le dejaba en libertad previo pago de una fianza de 250.000 euros, que fue abonada por su partido.

La instrucción del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía devolvió este año la causa del Tribunal Supremo hasta el juzgado de Sevilla, que lo remitió y ahora lleva la jueza María Núñez Bolaños. Su antecesora, Mercedes Alaya, trató de mantener la instrucción de este caso tras conseguir una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla y aunque en un momento se le concedió una comisión de servicios, la entrada de otro juez de apoyo derivó en la revocación de ese permiso por parte del Tribunal Superior de Andalucía, con el posterior visto bueno del CGPJ.

El caso no concluye este año y todo apunta a que podría enjuiciarse durante el próximo año 2016 después de que la nueva magistrada de los ERE acordara en noviembre abrir diligencias contra los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán, entre otros, por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación".

Otro exponente de la corrupción municipal y regional es el caso Púnica, que suma ya más de cien imputados, y que este verano también dio un giro cuando David Marjaliza (considerado socio del exconsejero Francisco Granados en esta trama) pidió declarar ante el juez Eloy Velasco.

Marjaliza, en prisión desde octubre de 2013 y que hasta ese momento se había negado a prestar declaración, necesitó dos días para dar su versión del caso a lo largo de trece horas. Confesión que, pese a los levantamientos parciales del secreto de sumario este verano, el juez mantiene aún a buen recaudo.

De los pocos cambios de Gobierno que ha habido en esta legislatura (tan sólo cuatro), uno de ellos ha tenido lugar este año: el del titular de la cartera de Educación, Cultura y Deporte, que hasta entonces ostentaba José Ignacio Wert. Fue un cambio mínimo que Rajoy anunció el 25 de junio, tres días después de haber dicho que no iba a hacer remodelaciones en su Gabinete.

Wert, el ministro peor valorado por la ciudadanía según el CIS, fue sustituido al frente del ministerio por Íñigo Méndez de Vigo.

Su marcha no ha estado exenta de polémica, ya que un mes después, en julio fue nombrado jefe de la delegación permanente de España ante la OCDE, con sede en París, organismo en el que también trabaja como directora general adjunta de Educación Montserrat Gomendio, exsecretaria de Estado de Comunicación y con quien Wert contrajo matrimonio semanas antes de su nombramiento. Este caso fue muy criticado e incluso tachado como un ejemplo más de "puerta giratoria" de excargos públicos.

El Gobierno de Rajoy y su mayoría absoluta permitió sacar adelante varias reformas y leyes controvertidas, algunas llevan años provocando una fuerte respuesta ciudadana, con manifestaciones en las calles que no impidieron finalmente su aprobación.

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 11 de junio. La norma limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, sustituye el término 'imputado' por 'investigado' y pone fin a las llamadas "penas de telediario", gracias a una enmienda entre CiU y PP que contempla adoptar las "medidas necesarias" para respetar la imagen e intimidad durante una detención. El texto fue rechazado por la mayoría de la oposición y luego por asociaciones profesionales de periodistas por atacar "el derecho a la información".

Ley de Seguridad Ciudadana. Conocida popularmente como 'Ley mordaza', entró en vigor el 1 de julio de este año. Las devoluciones en caliente de inmigrantes es una de las medidas incluidas, sobre la que la ONU y la UE ya advirtieron de que legalizar estas devoluciones contradice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La norma también criminaliza las protestas al multar con hasta 600.00 euros a manifestaciones no comunicadas y restringe la actividad de los periodistas (prohíbe el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ejemplo).

Reforma del Código Penal. Entró en vigor el mismo día que la ley mordaza y la ley contra el yihadismo. La medida más polémica es la introducción de la prisión permanente revisable (también incluida en el pacto antiyihadista), una figura vista por la oposición como "una cadena perpetua encubierta". Esta reforma también penaliza a las webs de enlaces y al 'top manta'.

Reforma de la ley del aborto. Aprobada definitivamente por el Senado el 9 de septiembre, entró en vigor el 22 de ese mismo mes. Fue una de las leyes más convulsas y criticadas en esta legislatura, y finalmente el nuevo texto solo contempla una modificación importante respecto al aprobado en 2010: que las menores de 16 y 17 años necesitan el consentimiento paterno o de sus tutores legales para poder abortar.

La intensificación de la actividad terrorista este 2015, año de la eclosión de Estado Islámico, ha hecho que el Gobierno español haya incrementado las operaciones contraterroristas hasta lograr una cifra récord de detenciones: 101 de las 176 en toda la legislatura.

Sin alcanzar los niveles de Francia o Bélgica, en España ha aumentado este año de forma considerable el número de personas radicalizadas, captadas generalmente a través de Internet (ya alcanza el 80%) y dispuestas a jurar lealtad al Estado Islámico.

Una labor de captación que se está dirigiendo especialmente a los colectivos más vulnerables, como mujeres y menores, como se ha podido comprobar en las operaciones policiales que han permitido desmantelar redes de reclutamiento e, incluso, evitar el desplazamiento de algunos, sobre todo mujeres, a zonas de conflicto.

No ha habido atentados en España, aunque dos policías nacionales fallecieron en un ataque contra un edificio próximo a la embajada española en Kabul, en Afganistán. Aunque en un primer momento lo negaron, Interior consideró este atentado como "un ataque a España".

Los atentados de junio en Túnez, Francia y Kuwait provocaron que España aumentase al nivel 4 —en una escala de 5— la alerta antiterrorista. Más seguridad en las calles y protección de las infraestructuras críticas y de los transportes es en lo que se traduce el nivel 4. Ahora se sumará, como aprobó recientemente el Consejo de Ministros, la presencia de la Guardia Civil dentro de las centrales nucleares.

Por otro lado, el Gobierno ya ha tomado las primeras medidas de un plan aprobado en enero y que ha estado diseñando el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Una página web (Stop Radicalismos), un teléfono gratuito (900 822 066), un nuevo botón en la aplicación Alertcops para teléfonos móviles y la difusión online de mensajes que contrarresten la narrativa de Estado Islámico son las primeras medidas que Interior ha puesto en marcha dentro de ese proyecto de 'Stop radicalismos'.

Sin salir de la lucha antiterrorista, los políticos también se pusieron manos a la obra para conformar un pacto de Estado —el primero de la legislatura— antiyihadista con el que se quiere reforzar la unidad contra esta amenaza.

PP, PSOE, CC, UPN y Foro Asturias, en primera instancia, y Ciudadanos, UPyD, Unió y el PAR, nueve meses más tarde, ya lo han rubricado para respaldar otras medidas incluidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualizan el reproche penal a este tipo de actividad terrorista.

Dos años después de la muerte de la niña Asunta Basterra, un jurado popular declaró por unanimidad culpables de asesinato a Rosario Porto y a Alfonso Basterra, padres de la menor, que fueron condenados a 18 años de prisión el pasado mes de noviembre.

El caso conmocionó a la opinión pública en Galicia y en el resto de España. El cuerpo de la niña fue hallado en la madrugada del domingo 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal del municipio de Teo, próximo a Santiago de Compostela. Porto y Basterra, padres adoptivos de la niña, fueron encarcelados en el penal coruñés de Teixeiro prácticamente desde el inicio de la investigación, muy pocos días después del trágico fallecimiento y tras realizar registros en sus respectivas viviendas.

Durante su declaración en esta vista oral, ambos se esforzaron en transmitir que no habían tenido nada que ver con el desenlace de la menor, que era lo que más querían, y que no sabían quién le pudo administrar Lorazepam, un ansiolítico que la autopsia reveló como existente, en altas dosis, en el cuerpo inerte de la pequeña. Sin embargo, la sentencia vio probado —de conformidad con el veredicto del jurado— que ambos padres asfixiaron a su hija porque los dos estaban en la casa de Montouto (Teo) en el intervalo de tiempo en que se produjo el fallecimiento de la menor.

Otro suceso que también impactó a la sociedad española este año por su dureza fue el doble crimen de Cuenca. Las jóvenes Marina Okarinska y Laura del Hoyo, de 24 y 26 años, respectivamente desaparecieron a principios de agosto después de que acudieran a un encuentro con el exnovio de la primera —Sergio Morate— para recuperar efectos personales de la casa donde la pareja había convivido.

Sus cuerpos fueron hallaron una semana más tarde cerca del río Huécar, cubiertos de cal viva y con signos de haber sido quemados. Morate, principal sospechoso del doble asesinato, fue detenido un día más tarde en Rumanía cuando salía de una vivienda de Lugoj, acompañado por dos ciudadanos de ese país. Semanas después fue entregado a las autoridades españolas e ingresó en la prisión de Estremera, en Madrid. Un jurado popular juzgará su caso.

La lacra de la violencia machista no ha cesado este año, que deja un balance de al menos 54 mujeres fallecidas, según los últimos datos del ministerio de Sanidad, el mismo número que el año pasado e idéntica cifra a la registrada en 2013.

En paralelo, las condenas por este tipo de violencia aumentaron hasta el tercer trimestre del año —julio a septiembre—, cuando se alcanzaron las 6.322 condenas, lo que representa el 64,1% del total de resoluciones, y casi 32.000 mujeres aparecen como víctimas de este tipo de maltrato, según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, este año se ha producido un récord de llamadas al 016, el servicio telefónico gratuito de atención a víctimas de malos tratos, con unas 66.000, y octubre de 2015 se convirtió en el mes con mayor volumen de peticiones de ayuda desde que se puso en funcionamiento, con 8.450.

Dos multitudinarias manifestaciones tuvieron lugar en noviembre para pedir el fin de la violencia machista y recordar a las víctimas. La primera fue el 7 de noviembre en Madrid y supuso la primera gran movilización estatal contra las violencias machistas. A esta protesta, convocada por el colectivo feminista, se sumaron la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y numerosos colectivos, para pedir que la lucha contra el "terrorismo machista" sea una cuestión de Estado.

Semanas después, el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varias ciudades españolas acogieron numerosas manifestaciones en las que participaron diferentes colectivos y asociaciones.

Desde el punto de vista climático, 2015 ha destacado por ser un año muy cálido y bastante seco en toda España, según la Aemet. Tras el sexto otoño más cálido del siglo, el invierno, que empezó el pasado 22 de diciembre, se prevé con temperaturas superiores a las normales en toda España y más lluvias en amplias zonas del noroeste de la Península.

El mes de julio ha sido el más cálido desde que hay registros —95 años—, llegando a alcanzar los 42ºC en Aranjuez el día 6, según datos de la Aemet. Hasta el 30 de noviembre, la temperatura media ha sido de 16,5ºC, 0,8 grados por encima del valor medio en el periodo de referencia 1981-2010. Se trata del cuarto año más cálido de la serie histórica, por debajo del 2014, 2006 y 2011.

En cuanto a las lluvias, desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre se han recogido 485 litros por metro cuadrado, un 20% menos que el valor normal (600 litros por metro cuadrado) debido principalmente a la escasez de lluvias en la segunda mitad de la primavera y al pasado mes de noviembre.

La escasez de lluvias ha disparado este otoño los episodios de alta contaminación en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, llegando a prohibir el aparcamiento en todo el centro de la capital o a reducir la velocidad en el área metropolitana de Barcelona.