El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, acuerda en dicha resolución medidas cautelares mientras se resuelve el proceso de divorcio, como la atribución al padre de la custodia de las hijas y el uso de la vivienda familiar, además de las vacaciones de las menores con la madre, a la que prohíbe salir de esta comunidad.
El juez explica que entra a valorar las causas de la ruptura familiar porque "el ambiente homosexual perjudica a los menores" y "aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos lo sean", por lo que opina que un progenitor homosexual no puede darles la formación integral a la que tienen derecho.
"La condición de toxicómano, pederasta, prostituta, pertenencia de uno de los progenitores a una secta satánica, etcétera, entiendo que afecta negativamente a los hijos, al igual que una relación heterosexual del progenitor custodio puede perjudicar a los menores y servir de base para un cambio de custodia; pues lo mismo la de homosexual", señala.
En su argumentación, el juez también expone sus críticas a la ley integral contra la violencia de género, a la que permite los matrimonios del mismo sexo y a la modificación del Código Civil del artículo que regula la custodia, cuya redacción -señala- "fue fruto de un error en la votación en el Congreso del grupo gobernante".
Colectivos homosexuales han solicitado que el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas disciplinarias
Además, plantea que "quizá haga uso en su momento" de su derecho a presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre algunas de estas regulaciones.
Para las asociaciones de mujeres y colectivos de homosexuales el juez se ha extralimitado en sus funciones, por lo que han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas disciplinarias que considere oportunas y que envíe una copia de su queja al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que conozca los hechos.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, la actuación de este juez se enmarca dentro de una campaña destinada a "echar abajo leyes sociales progresistas" y opina que la resolución del juez "es un ataque a la democracia desde la judicatura" y lo comparó con el golpe de Estado de 1981 que intentó "secuestrar a los legisladores".
La resolución fue dictada desde el machismo y la custodia no depende de la orientación sexual
Desde la Asociación de Mujeres Juristas (TEMIS), Altamira González, señaló que aunque ambos progenitores tienen condiciones personales y laborables idóneas otorga la custodia al padre "a causa del lesbianismo de la madre, que equipara a la prostitución, a la pertenencia de sectas satánicas o a actividades delictivas".
Para el portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Antonio Póveda, la resolución ha sido dictada "desde el machismo" y recordó que "la custodia no depende de la orientación sexual".
A este acto de protesta se han sumado quince colectivos, que también han remitido escritos a las asociaciones de jueces mayoritarias para que conozcan el contenido de este auto, cuyo juez pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según explicaron las organizaciones denunciantes.
Gaspar Llamazares pide que expedienten al juez
El líder de IU, Gaspar Llamazares, pidió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra un expediente al juez de Murcia Fernando Calamita.
"En absoluto es admisible que haya miembros de la Judicatura que pongan su ideología ultraconservadora por encima del respeto de la Ley y la Constitución", advirtió Llamazares en una nota.
Para el coordinador general de IU, con esta decisión el juez "pone seriamente en duda su capacidad profesional y su ecuanimidad" al utilizar en su resolución argumentos que cuestionan leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Igualdad, o el matrimonio homosexual, algo "inadmisible e inconstitucional".
No es admisible que haya jueces que pongan su ideología ultraconservadora por encima del respeto a la Constitución
Llamazares recordó que los jueces están para cumplir las leyes y "si quieren hacer política, que dejen el juzgado y se presente a las elecciones" porque "seguro que habrá alguna formación política encantada en acogerle en sus filas".
Por ello, pidió al CGPJ que "no pierda el tiempo" para "erradicar de raíz" decisiones que "atacan" la igualdad de derechos contemplada en la Constitución.
Por otro lado, Hazte Oir.org (HO) manifestó hoy su apoyo al juez Fernando Ferrín. La plataforma se ofreció al juez para apoyarle jurídicamente "en cualquier proceso que el 'lobby gay' inicie como consecuencia de la polémica sentencia".
Asimismo, HO manifestó su desaprobación ante las denuncias a la sentencia del juez, realizadas ayer lunes por la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG) y otras 16 organizaciones de mujeres, que consideraron que Ferrin impuso su ideología por encima de la aplicación de las leyes. Según la plataforma, la FELTG "pretende quemar en la pira de la inquisición rosa a este juez por el mero hecho de no someterse a sus dictados".
"La sentencia se ha basado en hechos científicos contrastados por numerosos informes de expertos", advirtió el presidente de HO, Ignacio Arsuaga, en un comunicado. "El juez no ha retirado la custodia a la madre, sino que en un proceso de divorcio, ha concedido la custodia al padre, lo que no obsta que la madre pueda ver a sus hijas según el régimen de visitas que establece la propia sentencia", aclaró.
HO informó que le ha enviado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia un ejemplar de su estudio 'No es igual: Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo', donde, según la plataforma, "se ofrece un resumen detallado sobre las conclusiones científicas acerca de este tipo de adopción".
Los homosexuales pretenden quemar en la pira de la inquisición rosa a este juez
"La conclusión científica es que los niños criados por parejas de homosexuales tienen un desarrollo muy distinto de los que crecen en familias naturales y, en muchos aspectos, perjudicial para ellos", afirmó la plataforma. "Problemas en las relaciones interpersonales de los niños: inseguridad respecto a su futura vida en pareja y a tener hijos, rechazo del compañero o compañera del progenitor homosexual como figura materna/paterna o preferencia por vivir con el otro progenitor", añadió.
Investigado por retrasar la adopción de una lesbiana
El presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, incoó el 30 de junio diligencias informativas al magistrado, que en la actualidad está de baja médica, tras denunciar un matrimonio de lesbianas que el mismo juez retrasaba "con todos los impedimentos posibles" la adopción de la hija de una por parte de la otra cónyuge.
Esta pareja se refirió a la actuación del juez como "un claro ejemplo de discriminación contrario a la ley", ya que además del certificado de idoneidad, el juez había pedido un informe psico-social que "raramente se pide a un matrimonio heterosexual".
El juez pidió un informe psico-social que raramente se solicita a un matrimonio heterosexual
El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia remitió además a la psicóloga de la Comunidad autónoma encargada de la adopción un cuestionario en el que debía contestar a preguntas como "si la menor tendría un desarrollo armónico sin figura paterna, si "acabará siendo homosexual al imitar los patrones que vea en su casa" o si "no es derecho de la menor ser insertada en una familia 'normal' formada por personas de distinto sexo".
En la notificación enviada por Ferrín Calamita a la citada psicóloga, el juez pedía que el cuestionario fuera contestado por "todos" los psicólogos de la dirección general de Familia, y si no se hacía de esta forma se reservaba la facultad "de citarlos a todos", lo que según las madres retrasaría aún más la adopción.
El Consejo General del Poder Judicial reacciona
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy remitir a su Servicio Disciplinario la queja remitida ayer por 16 organizaciones de mujeres y la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG) contra el juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín.
Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces indicaron que la queja será estudiada por la Comisión Disciplinaria que se reúne mañana, si el Servicio de Inspección eleva a lo largo del día de hoy una propuesta en relación con este caso. Si Inspección no pudiese realizar un informe hoy, la próxima Comisión Disciplinaria se reunirá el próximo mes de septiembre.
El ministro de Justicia dice que la misión de un juez no es la de verter en las sentencias conceptos fuera de la ley
Las fuentes consultadas indicaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé que el Consejo actúe por quejas como la presentada, sino a petición del tribunal superior que ha estudiado el caso por vía de recurso. No obstante, en ocasiones, ante resoluciones que no admiten recurso, la Comisión Disciplinaria ha actuado, como hizo por ejemplo con el juez de Cantabria que recomendó a una pareja acudir a la Iglesia en una sentencia.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo hoy que la función de un juez no es utilizar las sentencias para verter conceptos al margen de la Constitución, en referencia a la decisión de un juez de Murcia que ha asegurado que la homosexualidad de una madre perjudica a sus hijas.
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