Dolors Torrens ha conseguido recuperar esta semana el derecho al voto que le quitaron hace diez años, cuando una sentencia modificó su capacidad de obrar. Esta mujer de 45 años y con discapacidad intelectual se siente "feliz y tranquila" por poder volver a participar en la vida política: "He luchado y lo he conseguido. Vuelvo a ser ciudadana".

"La incapacitación me sirve para protegerme económicamente y a la hora de firmar documentos importantes. Pero yo me siento plenamente capaz de ir a votar", asegura con firmeza en una conversación telefónica con 20minutos. La resolución de hace una década sin embargo le quitó expresamente la posibilidad de elegir a sus representantes en las urnas.

En 2013, Dolors hizo un curso de formación sobre los derechos de las personas con discapacidad y fue entonces cuando decidió iniciar los trámites legales para poder votar. Con la ayuda de Dincat Plena Inclusión se puso en contacto con el letrado Jordi Grinyó y presentó una demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badalona, la localidad en la que reside.

En un primer momento, el juez desestimó su petición con el argumento de que la incapacitación conllevaba igualmente la pérdida del derecho a pleitear y que para hacerlo necesitaba la autorización de su madre, como su tutora legal. Esta mujer y su abogado recurrieron esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les dio la razón. La causa regresó así al juzgado inicial y el proceso salió adelante.

"Tuve una entrevista con el médico forense, que me preguntó si me interesaban la política, los debates, qué partidos había a nivel nacional y qué filosofía tiene cada uno, y quién era el presidente de Cataluña", cuenta Dolors. Para ella, a quien le gustan estos temas y se mantiene informada, no fueron preguntas complicadas.

Con el informe del médico forense elaborado, el juicio se celebró el viernes pasado y el magistrado falló a favor de la demandante. Dolors sin embargo no podrá ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de este domingo. "No llegamos a tiempo. Para que sea una sentencia firme aún deben pasar veinte días", explica su abogado. A ello hay que añadir que la resolución judicial tiene que ser comunicada al Registro Civil para que actualice la base de datos y para que esta mujer pueda volver a recibir la tarjeta censal.

En España hay aproximadamente 80.000 mayores de edad privados de poder elegir a sus representantes políticos debido a alguna discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que su capacidad ha sido modificada judicialmente. Las organizaciones que defienden a estos ciudadanos les animan a que peleen para que se les restituya la posibilidad de acudir a las urnas.

"Es cierto que cada vez hay más sentencias que preservan el derecho de voto pero tenemos que seguir sensibilizando a jueces, fiscales y abogados, porque todavía hay casos de vulneración de derechos. La Convención de la ONU es muy clara: los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad tienen los apoyos que necesitan para tomar sus decisiones y para ejercer sus derechos. Nadie les puede ni sustituir ni negar. Recordemos que España ratificó la convención en 2007 y que, por tanto, es de obligado cumplimiento", advierte Rosa Cadenas, presidenta de Dincat Plena Inclusión.

Desde esta asociación recuerdan que el mencionado tratado internacional prohíbe que se realicen pruebas para determinar si un ciudadano puede o no votar y abogan por que los Estados que lo han ratificado doten de apoyo a las personas para que ejerzan ese derecho.

La Convención también recoge el derecho a acceder a la Justicia y a que la información política esté adaptada en lectura fácil, cuestiones que tampoco suelen cumplirse. Dolors, que lleva dos audífonos, se queja de lo difícil que le resultó entender al juez y a la fiscal que llevaron su caso. "Hablaban muy bajo. Pedí que hablaran más alto pero seguían en el mismo tono. En estos sitios no hay accesibilidad, la comunicación sigue siendo complicada", lamenta. "Los partidos no hacen los programas en lectura fácil y eso no ayuda a que la gente participe. A las personas con discapacidad nos tendrían que facilitar la comprensión", agrega. De cara a estos comicios, PSOE, Podemos o UPyD han difundido versiones facilitadas de sus promesas electorales pero aún no es una práctica generalizada.