La Fiscalía asegura que ha obtenido ya información sobre cómo se contrataron, desarrollaron e implementaron los aplicativos que sirvieron de base para el 9N, gracias a la documentación remitida por las empresas que prestan servicios de tecnología a la Generalitat.

Considera que en esta documentación se observan "elementos que inequívocamente apuntan" a que en los contratos preexistentes entre el CTTI y estas contratistas privadas se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación.

Con las nuevas diligencias solicitadas, la Justicia intentará saber hasta qué punto la Administración catalana mantuvo "un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional".

La Fiscalia ya anunció el mes de noviembre pasado que podría ampliar la querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y las conselleras Irene Rigau, Joana Ortega por la organización de la consulta del 9 de noviembre.