Ésta es una de las promesas mágicas con las que una de las muchas empresas de reunificación de deudas reclama la atención de quienes se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.
Esos ciudadanos especialmente vulnerables son cada vez más numerosos, gracias a las repetidas subidas del coste de las hipotecas (a finales de agosto el euribor subió por vigésimo tercer mes consecutivo ) y al elevado volumen de endeudamiento de los españoles, que ha crecido un 56,1% entre 1999 y 2005, según Caixa Catalunya.
Como abejas a la miel
A finales de mayo de este año, los clientes de los bancos tenían préstamos por valor de 725.659 millones de euros, y los de las cajas de ahorros, 807.452, según datos publicados esta semana por la Asociación Española de Banca.
Según los datos más recientes del INE, los impagos de familias y empresas del mes de mayo alcanzaron la cifra de 936 millones de euros, un 23,3% más que en el mismo mes del año anterior.
Llegados a ese punto, los ciudadanos no pueden hacer frente a sus pagos y entran en los registros de morosidad, quedando excluidos de los circuitos de financiación tradicional.
Esta coyuntura difícil resulta un caldo de cultivo excelente para las compañías de reunificación de deudas.
Aunque su número de desconoce con exactitud, se cree, como señalan fuentes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que pueden rondar las tres mil, gracias a la imparable expansión de las franquicias.
Todas ellas ofrecen, sobre el papel, el mismo servicio: ayudan a la persona endeudada a encontrar una entidad prestamista dispuesta a hacerse cargo de sus múltiples pagos (el coche, la casa, el ordenador y así hasta los 1.130 euros mensuales mencionados más arriba) a cambio de un único pago mensual, de importe más bajo (los 500 euros). Para lograr que el pago mensual sea más reducido se suscribe un nuevo préstamo hipotecario con el plazo más largo posible o se amplía la hipoteca que ya se tiene.
No es oro todo lo que reluce
Sin embargo, entre todas estas empresas existen notables diferencias, e incluso mucha manzana podrida, como revela Aitor Ibarra, abogado bilbaíno que representa a cincuenta personas que han perdido sus hogares o sobre los que pesa una orden de embargo por culpa de una de estas empresas.
En casi todos los casos, los intermediarios persuadieron a sus víctimas de firmar créditos puente con prestamistas privados con los que saldar sus pagos más acuciantes antes de encontrar a una institución financiera con la que reunificar el total de sus deudas. Esa institución nunca llegó y las letras que tuvieron que firmar los ciudadanos, con intereses abusivos y plazos de devolución imposibles, terminaron constándoles una orden de embargo y en muchos casos sus propias casas.
Ése fue el caso de Antonio Soto, albañil de 34 años que fue desahuciado en Jerez (después de firmar una letra por 38.200 euros a pagar en seis meses a cambio de la cual los prestamistas liquidaron 18.000 euros de sus deudas, esto es, un interés de más del 200% anual), o el de su paisano Fernando Sojo, también de Jerez, cuyo padre, Antonio Sojo, tuvo que suscribir una hipoteca para poder frenar el embargo de la casa de su hijo.
El próximo podría ser Rafael Romero, un pizzero de 38 años de Rota cuya casa saldrá a subasta el jueves de la próxima semana.
Casos como estos, vinculados por la necesidad y desesperación de quienes ya no tienen más recursos, se multiplican por toda la geografía española, como revela Antonio González (en la imagen), un vecino de Vigo que lucha en los tribunales para recuperar su casa de 500 metros cuadrados enclavada en un terreno de 10.000 metros cuadrados que se adjudicaron en subasta los prestamistas en julio de 2006 cuando no pudo hacer frente a dos letras por un valor de 44.000 euros.
Antonio fundó en diciembre pasado junto con otros afectados AFINES, una asociación que pretende concienciar del problema a la Administración y que según él ya reúne a unos 1.000 damnificados.
En casi todos estos casos, como señala el abogado Aitor Ibarra, cabe hablar de usura, actividad prohibida por una ley (también llamada Azcárate) de 1908 que es la que esgrime precisamente el letrado bilbaíno para intentar anular por la vía civil los intereses y lograr que sus defendidos sólo tengan que hacer frente al principal. En mucho de ellos, se recurre también a la vía penal, al incurrirse en falsificación de documentos.
Un riñón en intereses
Pero incluso entre las entidades de reunificación en las que no existen intenciones fraudulentas las diferencias son muy significativas y los costes ocultos numerosos.
La magia que prometen se logra a base de importantes comisiones y gastos, entre ellos las comisiones de cancelación anticipada de deudas, las de apertura del nuevo préstamo y las de intermediación, que pueden oscilar entre el 1% y el 7%, según afirma Antonino Joya, de la OCU.
Todas estas comisiones se añaden al nominal del nuevo préstamo; al final, el cliente consigue pagar menos cada mes, pero el ahorro no existe: se paga durante mucho más tiempo y muchos más intereses.
En proceso de regulación
Gracias a la presión de las asociaciones de usuarios y a la acción de otros agentes como el Defensor del Pueblo, el Gobierno trabaja actualmente en un proyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros, que será presentado a las Cortes en breve y que regulará tanto estas actividades como los de otros negocios también en auge, los créditos rápidos, concedidos también en algunos casos por entidades no sometidas a ningún tipo de supervisión (en otros casos, como sucede con las entidades vinculadas a instituciones bancarias o las que se constituyen como establecimientos financieros de crédito, estas empresas de crédito rápido ya están sujetas a la regulación del Banco de España)
La ley obligará a las empresas de reunificación de deudas (como intermediarios financieros) a registrarse y a ser más transparentes en la información que proporcionan al consumidor y presumiblemente no estará operativa antes de 2008.
Algunos, como Aitor Ibarra y organizaciones como ASNEF o ADICAE consideran que ley deberá todavía sufrir varias modificaciones y que hubiera sido mejor que esas empresas dependieran del Ministerio de Economía y no del de Consumo.
ADICAE cree que también debería incluir una actualización de la Ley de Represión de la Usura de 1908, concretando con exactitud qué tipos se considerarán como usurarios, así como abordar el tratamiento del sobreendeudamiento de los españoles.
La ley no aliviará la deuda de los españoles, ni disminuirá su apetito por el consumo, pero les recordará que la reunificación de deudas no es un acto de magia, sino un cambio de deuda que tiene un elevado sobrecoste y al que sólo debe recurrirse cuando se han agotado todas las otras opciones.
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