La sociedad española ha encajado en los últimos años los efectos de una profunda crisis económica y numerosos escándalos de corrupción que han sacudido los cimientos de la clase política del país. Es en ese contexto en el que han surgido nuevos partidos como Podemos, al tiempo que otros, como Ciudadanos, que llevaba años en Cataluña, han dado el salto a la política nacional, todos ellos con promesas de cambio y de inaugurar una nueva era. Ante este panorama, casi todas las formaciones que concurren a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre han incluido en sus programas electorales un amplio despliegue de medidas destinadas a combatir la corrupción, mejorar la transparencia y la participación ciudadana y, en definitiva, llevar a cabo una regeneración democrática e institucional. Estas son sus principales propuestas:

PP: Los populares proponen que todos los cargos del partido tengan la obligación de dimitir y sean suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de un caso de corrupción. Asimismo, plantean incorporar la obligatoriedad de cese para los altos cargos por esa misma razón. Se comprometen a desarrollar en profundidad la actual Ley de Transparencia, regular los lobbies y poner en marcha un registro de los mismos, rendir cuentas periodicamente sobre los indultos concedidos, reforzar el control de las subvenciones públicas y crear más canales de denuncia con medidas para proteger a aquellos cuya información sea relevante para destapar actividades ilícitas en el ámbito de la Administración. El partido que lidera Mariano Rajoy plantea también una reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal, además de una nueva regulación de las elecciones locales para "establecer una prima de gobernabilidad a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza". En caso de no existir mayoría absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos políticos, se propondrá introducir un sistema de doble vuelta, así como reducir la duración de la campaña y los gastos electorales.

También quiere el PP reformar los reglamentos del Congreso y el Senado, pero sin especificar nada, y habla de potenciar la Iniciativa Legislativa Popular e impulsar la consulta pública electrónica a los ciudadanos. Proponen reformar la Ley de Contratos del Sector Público para incrementar los controles, fomentar la formación de los empleados públicos, avanzar en la implantación de la Administración Electrónica, aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado e impulsar la evaluaciones del desempeño profesional de los empleados públicos.También se comprometen a derogar la Ley de Reforma Local llevada a acabo por el PP y aprobar otra que refuerce la autonomía local.

PSOE: Entre sus principales propuestas destacan: reformar los reglamentos del Congreso y el Senado, tramitar como proyectos de ley los decretos-leyes cuando lo solicite un mínimo de diputados, incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales, limitar el aforamientode parlamentarios y miembros del Gobierno, atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, suprimir la inmunidad parlamentaria, incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados, desbloquear las listas electorales, rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular, establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la presidencia del Gobierno, prohibir aceptar regalos a cualquier empleado público, limitar la concesión de insultos, regular la celebración de debates electorales, que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido cobren un solo sueldo, regular mejor los conflictos de intereses para evitar las puertas giratorias, regular los lobbies y crear un registro de ellos, ampliar la Ley de Transparencia y aprobar una Ley de participación ciudadana.

En lo referente a los partidos políticos, proponen la exigencia de participación de los afiliados en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones, así como "fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación". Así, propone reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas, y plantea que los programas electorales se consideren un compromiso vinculante de los que habrá que rendir cuentas. Sobre la Administración Pública, el partido que dirige Pedro Sánchez apuesta principalmente por mejorar la transparencia en la contratación pública y revisar sus normas, recuperar progresivamente los derechos perdidos para sus trabajadores, modificar el acceso al empleo público para que haya más profesionalización e implantar sistemas de evaluación de la actividad de los empleados púlicos. En el ámbito de la corrupción, abogan por la "prevención" además de la sanción, para lo que proponen elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la corrupción, obligar al cese de altos cargos, concejales y parlamentarios cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (AAPP), revisar las penas, crear una Oficina Anticorrupción y establecer la nulidad de las ayudas y contratos con las AAPP y la obligatoria restitución e indemnización cuando se hayan obtenido por conductas impropias.

CIUDADANOS: El partido de Albert Rivera promueve reformar la ley de partidos para que haya más democracia interna, más transparencia y más rendición de cuentas. También promueve una nueva Ley electoral basada en el régimen alemán, rebajar los requisitos para la iniciativa legislativa popular y el fin de los privilegios para los representantes púlicos, esto último traducido en la supresión del aforamiento de todos los representantes públicos electos. Plantea suprimir los suplicatorios para delitos o imputaciones salvo para los relacionados con la actividad política del parlamentario, y exigir el régimen de incompatibilidades de todos los representantes públicos y un sistema de sanciones para casos de incumplimiento. Aboga por reformar las instituciones del Estado para "eliminar la partitocracia" e introducir más garantías y reforzar el control.

En cuanto al Poder Judicial, su principal medida es suprimir el CGPJ (órgano de Gobierno de los jueces), cuyas funciones establecidas en la Constitución (velar por la independencia judicial) pasarán al presidente del Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos y no podrá tener vinculación alguna con ningún partido. Propone establecer un procedimiento reglado, sin discrecionalidad, en los nombramientos de jueces y magistrados, limitar las puertas giratorias entre justicia y política, regular en la Constitución el nombramiento del Fiscal General del Estado y despolitizar el Tribunal Constitucional. Para ello, quiere modificar el artículo 179 de la Carta Magna, para que los magistrados que lo integran se sometan a un estricto sistema de incompatibilidades. Además, el TC deberá pronunciarse en un plazo máximo de 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales. En cuanto al poder legislativo, plantea potenciar las comisiones de investigación, mientras que lo referente al Poder Ejecutivo propone suprimir el decreto-ley y limitar el indulto.

PODEMOS: En este apartado, su medida estrella es el revocatorio por incumplimiento del programa electoral a los dos años, ya que lo entiende como un contrato con la ciudadanía. Sería esta, en última instancia, la que decidiría mediante referédum. El programa habla de revocación de cargos públicos y de desarrollar un marco normativo que facilite las iniciativas de la gente a través de distintos instrumentos de participación, entre los que destacan la eliminación de trabas a la Iniciativa Legislativa Popular y crear la iniciativa de veto popular, entro otros. Propone modificar los reglamentos parlamentarios y reformar el sistema electoral, estableciendo la circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de diputados, con fórmulas que garanticen la igualdad del peso del voto de los ciudadanos. Otras medidas son la derogación del voto rogado y la despolitización del TC a través de dos reformas: un nuevo sistema de nombramientos por "cuota de rechazo" (por descartes, los que menos rechazo generen), y derogar la reforma exprés del PP de la ley del TC, por la que el tribunal adquirió la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones, pudiendo suspender incluso de sus funciones a una autoridad.

También plantea la eliminación de privilegios de cargos electos, reducir el número de altos cargos y regular sus incompatibilidades (puertas giratorias), una Ley de Profesionalización de la Administración Pública, ampliar la actual Ley de Transparencia y aprobar la denominada Ley de Paredes de Cristal, destinada a abrir los parlamentos a la ciudadanía. Incluye reformular la Ley de Contratos del Sector Público, creación de un Observatorio Ciudadano de evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas. El texto habla también de garantizar el fin de la impunidad de los corruptos a través de la modificación de los marcos normativos relativos al funcionamiento interno de los partidos, su financiación, la transparencia de sus cuentas, la participación ciudadana y el blindaje constitucional de los plazos para la investigación de los delitos de corrupción. Propone la obligación legal de presentarse a primarias por parte de los candidatos a presidir los órganos ejecutivos de los partidos políticos.

UNIDAD POPULAR: Apuesta por "avanzar en la democracia participativa, descentralizar la gestión pública y garantizar la transparencia en las acciones de los órganos de gobierno". Para ello propone un referéndum vinculante cada vez que se pretendan modificar las condiciones de las leyes y decretos de trascendencia estatal, autonómica o municipal o que regulan los derechos y sectores básicos de la sociedad. Plantea fomentar la participación ciudadana también en la gestión de los bienes, empresas y servicios públicos, así como que los bienes comunes tengan formas de propiedad pública socializada. El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria, como las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares, etc. El texto del programa defiende que el mandato electoral debe ser imperativo para todos los cargos públicos, reformando para ello el artículo 67.2 de la Constitución Española. Así, proponen establecer la obligación de convocar un referéndum revocatorio para suspender del cargo a un representante público en caso de grave incumplimiento o mala gestión.

Abogan por una "total reforma para facilitar el derecho a la iniciativa directa ciudadana en las propuestas legislativas", fomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria, crear una Oficina de participación ciudadana que garantice la aplicación de estos derechos, instituir un espacio estatal on line abierto y transparente que permita a la ciudadanía intervenir y participar directamente en los debates importantes del Parlamento. El texto también incluye la Profesionalización de la Administración, limitando la libre designación política a los más altos niveles de dirección, y una profunda reforma del sistema electoral, cambiando tanto la Ley como la Constitución, para garantizar el principio de proporcionalidad y ampliar el sufragio a los 16 años. Propone revisar el reglamento del Cogreso y reformar la normativa "para designar democráticamente y sin criterios partidistas al Fiscal General del Estado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional a fin de garantizar la independencia del Poder Judicial".