El individuo, al que la Policía Local tuvo que dar el alto, ha sido sancionado por cometer una infracción grave de la Ley de Protección de los Animales La Consejería de Gobernación, a través de su Dirección General de Espectáculos Públicos y Juegos, ha impuesto una multa de 3.000 euros a un vecino de Chipiona (Cádiz) por arrojar a un perro por la ventanilla de su vehículo y huir al percatarse de la presencia de la Policía Local de este municipio, siendo necesario que los agentes le diesen el alto para que el conductor parara el coche.
Los hechos se produjeron sobe las 8.00 horas de la mañana del 18 de mayo de 2006 cuando dos agentes policiales que se encontraban patrullando por la calle Arroyo de la localidad cuando contemplaron cómo un vehículo marca Hyundai Accent se paraba y desde una de sus ventanillas arrojaban un perro de pequeño tamaño.
El conductor aceleró la marcha del turismo para que no le alcanzara el perro y, aún más, al darse cuenta de que lo había visto la Policía, que lo siguió logrando que se parara tres calles más adelante.
El perro, que fue recogido de la calle por los agentes, fue trasladado al centro de acogida de animales ‘El Refugio’ de la localidad.
Posteriormente, este vecino de Chipiona se desdijo de su declaración y afirmó que el perro no era suyo sino que a su mujer le llamó la atención cuando ambos iban en el coche, por lo que redujo la marcha para comprobar si se trataba de un perro abandonado y que, al no estar seguro, continuó su camino.
También negó que la Policía le diera el alto, asegurando únicamente que los agentes se pararon junto a su coche en un semáforo y le preguntaron si el can era de su propiedad, a lo que contestó que no. Estos argumentos han sido rechazados por el instructor del caso, dado que el informe de los agentes tiene valor probatorio y el conductor no aportó prueba ni testimonio alguno que respaldaran sus nuevos argumentos.
El abandono del animal, que además carecía del microchip identificativo, infringe la Ley de Protección de los Animales, que en su artículo del artículo 38 califica de infracción muy grave “el abandono de animales no registrados ni identificados”, previendo una sanción de entre 2.001 y 30.000 euros.
Para imponer la multa de 3.000 euros el instructor ha valorado tanto los hechos como la intencionalidad del abandono, que considera probada “por el hecho de acelerar la marcha al verse sorprendido por la Policía Local”.
El infractor cuenta con el plazo de un mes para interponer un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Espectáculos Públicos ante la propia Consejería de Gobernación, con lo que se agotará la vía administrativa.
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