La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirá si admite o no a trámite la primera querella contra la antigua cúpula de Abengoa, en preconcurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, que ha sido presentada por dos bonistas que acusan a sus máximos directivos de buscar su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

La querella, presentada por el abogado Felipe Izquierdo, se dirige contra el expresidente del Consejo de Administración de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, a los que se atribuyen indiciariamente un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada.

El sistema de reparto de causas de la Audiencia Nacional ha derivado el procedimiento al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular, Carmen Lamela, decidirá sobre la competencia y admisión a trámite de la misma tras solicitar un informe a la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.

Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".

Así, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros. Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida".

Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.

Los querellantes justifican la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que este tribunal es el competente en materia de "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

En este contexto, recuerdan que Abengoa tiene más de 50.000 accionistas dentro y fuera de España, cuenta con presencia en más de 80 países y emplea a 25.000 personas, de las que 6.700 trabajan en territorio nacional.

Además, señalan que el Estado podría llegar a perder cerca de 800 millones de euros, ya que el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el viernes pasado que el "riesgo directo" de la Administración en la empresa es de 415 millones, de los que 210 corresponden a la aseguradora de crédito Cesce, 130 al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 75 a Cofides. A esta cifra habría que sumar, según la querella, los 582 correspondientes a Bankia, "donde el Estado sigue teniendo el 64% del capital".

Según los datos recogidos en este escrito, la empresa podría tener una deuda de unos 25.000 millones de euros, "algo más de la mitad del rescate financiero al Estado español". Sus acciones de clase A y B llegaron a cotizar a 3,570 y 3,299 euros, respectivamente, y se desplomaron el pasado día 27 a 0,440 y 0,292 euros.

"El precitado descalabro por supuesto tiene su origen en una horrible gestión, que solo con el avance de la instrucción se verá si es reprobable o no penalmente", señalan los querellantes antes de recordar que en Abengoa "se avecina" un expediente de regulación de empleo (ERE) para "miles" de personas.

En previsión de que esto suceda, dirigentes sindicales de MCA UGT han acudido este lunes a la sede central de Abengoa, en el complejo de Palmas Altas, para ofrecer su asesoramiento a los trabajadores de la multinacional andaluza "pero no para preparar una movilización" sino para entregar un folleto informativo "con teléfonos y ofreciendo el asesoramiento del sindicato, que se pone a disposición de los trabajadores de Abengoa".

Por otro lado, estos dirigentes se han reunido con directivos de Inabensa y Abentel "y nos han dicho que están a la espera de más información, pero nos garantizan que ni en Inabensa ni en Abentel habrá de momento ni despidos ni rescisiones de contratos eventuales".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cree que Abengoa "es una empresa que puede ser viable", puesto que "necesidad rebajar el nivel de deuda y de nuevos socios industriales", tras lo que ha apuntado que "lo que está ocurriendo no es diferente de lo que ha ocurrido con otras grandes empresas en esta legislatura, que siguen siendo multinacionales importantes españolas y con grandes inversores extranjeros".

Montoro ha recordado en Sevilla que la posición del Gobierno central sobre el preconcurso de Abengoa ya la fijó el pasado viernes el ministro de Economía y Competitividad tras el Consejo de Ministros, de forma que ha insistido en que Abengoa "es una empresa que puede ser viable y necesita desapalancarse, rebajar el nivel de deuda y necesita de nuevos socios industriales".

En ese sentido, considera que "lo que está ocurriendo no es diferente de lo que ha ocurrido en otras grandes empresas multinacionales españolas en esta legislatura, donde se ha producido un desendeudamiento muy importante, con la entrada de socios nuevos y estas empresas siguen ahora siendo multinacionales importantes; son empresas españolas con grandes inversores extranjeros".

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado por su parte que espera que en el periodo de desarrollo del preconcurso de Abengoa se alcance un acuerdo de refinanciación con los acreedores y la empresa. . "Desde el punto de vista de lo que se dedica la empresa, que es infraestructuras y energías, hay que decir, reconocer y subrayar que esta es una empresa muy potente en España y fuera de España", subrayó.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha abogado por una solución "dialogada" a Abengoa que permita dar "tranquilidad" en el mantenimiento de los puestos de trabajo y que, según ha apuntado, podría pasar por la llegada de "un socio industrial que la fortalezca y que tenga de verdad un proyecto industrial de medio y de largo plazo".