El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura y unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera, lo que supone un incremento de 156.761 personas (un 64,68%) desde julio de 2012.

Son los datos del último Observatorio Estatal para la Dependencia que elabora periódicamente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y que denuncia la "demolición" de la ley de Dependencia.

Así, subraya que el SAAD finaliza la legislatura con 1.178.483 personas que tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,5% de la población). Esto supone que hay 105.197 personas menos valoradas como dependientes con respecto a 2012.

Además, el número de personas atendidas se ha mantenido en los últimos tres años en torno a los 779.373 beneficiarios actuales, lo que supone que hay 1.163 personas menos que reciben prestaciones o servicios con respecto a julio de 2012.

De esta manera, el SAAD no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34% de sus potenciales beneficiarios y la lista de espera ha aumentado en 156.761 personas desde el inicio de la legislatura.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia, asimismo, que la aplicación del nuevo baremo ha supuesto que actualmente haya 64.211 grandes dependientes menos, 16.794 severos menos y 24.200 moderados menos, mientras que ha aumentando un 5% (hasta los 65.871) el número personas valoradas que no obtiene grado (21,5%).

La última edición del Observatorio Estatal para la Dependencia subraya también que más de 100.000 personas han fallecido sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido, algo que contribuye a reducir las listas de espera.

En este sentido, lamentan que debido a las "reformas" y "recortes", el sistema ha colapsado de manera que los nuevos atendidos no lo son en virtud de su derecho, sino que dependen de las bajas que se producen.

"El real decreto de julio de 2012 supuso que de la paralización y estancamiento se pasase a un retroceso y demolición encubierta del SAAD", critican para añadir que, desde esa fecha, las solicitudes se han reducido en 36.333 y los dictámenes en 39.334.

Han denunciado que tras el recorte de más de 2.000 millones de euros en 4 años, los presupuestos generales del Estado para 2016 prevén un incremento de 75 millones, que es —a su juicio— "la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 400.000 personas en el limbo de la dependencia".

El Observatorio constata que actualmente hay 359.205 cuidadores familiares (83.302 menos que en 2012) y a los que desde ese año se les ha recortado al menos un 15% la prestación económica (de 320 euros al mes a 270 de media).

Además, se han expulsado del convenio especial de cuidadores no profesionales de la seguridad social a más de 165.000 personas y ya sólo quedan 11.527 cuidadores cotizantes que no tienen apoyos de servicios profesionalizados ni periodos de descanso ni formación.

"El primer efecto es sobre las familias", señala a 20minutos Maribel López, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. La reforma de 2012 recortó horas de atención a domicilio, horas de servicios y puso incompatibilidades entre ellos, no pudiendo beneficiarse de varias prestaciones al mismo tiempo. "Todo ello repercute en la calidad del servicio que se ofrece", sostiene esta trabajadora social, ya que "no se han cubierto las necesidades reales".

El Observatorio ha detectado también diferencias entre territorios en aspectos tan básicos como la valoración, el plazo de acceso a los servicios o los diferentes repagos, lo que supone que haya dependientes de primera, segunda o tercera, dependiendo de la comunidad en que se resida. Denuncia que el modelo de financiación del sistema es tramposo y que la financiación estatal (estimada actualmente en un 18%) incumple lo que la ley establece (50%).

En este sentido, Maribel López se refiere al escaso ejercicio de transparencia que las comunidades autónomas realizan con los datos de su propia atención, ya que se limitan a pasarlos mensualmente al Estado pero no publican independientemente los suyos propios por separado. "Esto hace que se tenga una visión un poco limitada", explica.

El Observatorio señala que sólo cinco comunidades aprueban en la Escala de Valoración del Observatorio y 3 destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50).

Mientras, dos autonomías se sitúan entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67), La Rioja (6,67) y seis rozan el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia.

Por su parte, seis suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia (3,75), Madrid (3,33), Ceuta y Melilla (2,50) y con la peor calificación la Comunidad valenciana (1,25).

El Observatorio destaca además que se mantienen las graves desigualdades entre territorios.

En el último año en Andalucía se ha notado un incremento de atendidos de un 3% (de 158.429 a 163.087 personas), así como un aumento en los servicios prestados (10,7%), aunque las personas dependientes que reciben prestación económica han bajado un 10,2%. Sin embargo, mantiene una elevada desatención, de un 22%. Como consecuencia de los recortes estatales, el documento detalla que esta comunidad dejó de recibir 400 millones de euros en materia de dependencia.

En polos opuestos se encuentran Aragón y Castilla y León. Mientras que la primera presenta la tasa de desatención más alta de España, de un 30,9% (7.445 personas), Castilla y León ha sido la única comunidad que tiene una atención cercana al 100%, ha mantenido el número de personas atendidas y apenas tiene lista de espera.

Baleares, otra de las comunidades que suspende en su valoración, presenta un estancamiento en el último año. Además, ha reducido su lista de espera, pero el documento señala que probablemente se deba a personas que han fallecido sin llegar a recibir atención.

En el caso de Madrid, el Observatorio recuerda que desde 2013, cuando modificó su estrategia, se ha mantenido con una lista de espera por debajo del 10% (5.200 personas desatendidas). No obstante, tanto los recortes de la Administración Central como el sistema de financiación "fueron especialmente perjudiciales para Madrid por infrafinanciación y para las personas dependientes dados los elevados precios de mercado de los servicios" en esa comunidad.

País Vasco, una de las comunidades mejor valoradas según el Observatorio ha incrementado en el último año el número de personas atendidas en más de un 12%, lo que supone el mejor dato de España.

Sobre Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que ocupan el segundo puesto entre las peor valoradas, el informe destaca que adolecen de falta de servicios, ya que más de 63% de las personas reciben como atención una prestación económica por cuidados en el entorno, por lo que el sistema a la dependencia en ambas ciudades no genera empleo ni retorno alguno.

La Comunidad Valenciana presenta los peores datos en cuanto a la gestión del sistema a la dependencia, según el Observatorio, que señala que en ocho años "no ha activado ni un solo servicio de ayuda a domicilio". Las posibilidades reales de atención del sistema de dependencia en esta comunidad se ha visto lastrado en este periodo por la nefasta gestión y la falta de inversión, agrega el Observatorio.